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Vox designa desde Madrid al director de un campo de golf de Lanzarote como cabeza de lista para el Congreso por Las Palmas

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El director de un campo de golf de Lanzarote ha sido designado por Vox desde Madrid número uno de la lista de ese partido al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. El candidato se llama Jaime González Canomanuel y se le considera muy vinculado al exdiputado del Partido Popular Sigfrid Soria, líder espiritual de la formación de extrema derecha en Lanzarote.

Canomanuel, apellido por el que él y su familia son conocidos en la isla, se encontraba ilocalizable este martes, pocas horas después de que el partido que va a representar presentara sus listas en la Junta Electoral Provincial. En Costa Teguise Golf Club dijeron a este periódico que Canomanuel ya no dirige ese centro "desde hace una semana", pero no pudieron dar más referencia ni de cómo localizarlo ni de a qué dedica ahora su tiempo. 

Vox ha cursado instrucciones a sus candidatos para que esquiven en lo posible a los medios informativos. En su cuenta en Facebook, Canomanuel sigue presentándose como director del Costa Teguise Golf Club.

De este candidato se sabe que es aficionado al buceo, que ha dirigido un club especializado en esa actividad en El Hierro y que es hermano de quien fuera director del aeropuerto de Lanzarote Dionisio González Canomanuel. En su cuenta de Facebook comparte habitualmente con sus seguidores muchas publicaciones con el ideario de Vox, particularmente contra la igualdad entre hombres y mujeres.

Tras Jaime González Canomanuel, completan la lista de Vox por Las Palmas Andrés Rodríguez Almeida, Patricia Castelló Pascual, Rafael de Juan Miñón, Estefanía Domínguez García, Alexandra Aguilar Monsalvo, Israel Salas Jiménez, Ana María Rodríguez Tejera, Raquel Jiménez Martagón, Virginia Herrero Ortiz e Iván Monreal Herrera.

Al Senado por Gran Canaria, Vox presenta una plancha encabezada por Nicasio Galván Sasia, al que siguen María Vázquez González y Antonio Sáenz Peco, entre otros. Para esta misma Cámara por Lanzarote y Fuerteventura concurrirán Fernando Bermejo Reales y Francisco Sánchez Fernández, respectivamente.

El pasado mes de febrero, la dirección nacional de Vox decidió disolver la ejecutiva del partido en la provincia de Las Palmas y nombrar a una gestora tras haber dimitido su presidente, Ricardo Braña, tras descubrirse una sentencia condenatoria por fraude fiscal, y haber sido destituido y expulsado su coordinador, José Luis Moyano, tras la publicación en Canarias Ahora de sus amenazas a un policía nacional y de unas fotografías con parte del arenal armamentístico del que presume. Moyano, además, está condenado por un delito de lesiones leves por haberse pegado con uno de los clientes de la agencia de gestión de fincas que regenta y que en estos momentos lo tiene incurso en varios procedimientos judiciales.

En un comunicado, Vox confirmó que Braña había renunciado a su cargo tras reconocer que había ocultado al partido que tenía pendiente de cumplir una condena firme de dos años y medio de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, "circunstancia que le inhabilita" para estar al frente de la organización.

En cuanto a Moyano, el partido que dirige Santiago Abascal precisó que le había retirado todos sus cargos y lo había expulsado, debido a "comportamientos y actitudes amenazantes inapropiadas" que resultan "claramente contrarias" a sus estatutos". Moyano ha anunciado acciones judiciales contra Canarias Ahora.


Ana Oramas reconoce que no sabe nada del proyecto del macromuelle de Agaete y lo reduce a “50 malditos escarabajos”

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La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, reconoció este lunes que desconoce todo lo relativo a la ampliación del muelle de Agaete, que el Gobierno de Coalición Canaria ha adjudicado con una supuesta financiación europea, y reduce el rechazo suscitado a “50 malditos escarabajos”. Oramas demostró en su discurso, pronunciado ante un nutrido grupo de empresarios y profesionales de Gran Canaria en el Foro Prensa Ibérica, que ignora tanto este proyecto como el de la central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria, la obra de ingeniería civil para energía verde más grande que se llevará a cabo en España en los próximos años, ya que mezcló el impacto del primero con el del segundo. No contenta con esto, Oramas culpó a los diferentes grupos ecologistas, a cuyos miembros llamó “niños de papá”, que se han opuesto a las dos obras, de la salida de los “miles de jóvenes” del Archipiélago por la falta de trabajo.

La política fue la protagonista del Foro Prensa Ibérica este lunes celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de hablar de Los retos de Canarias en el nuevo escenario político. Al ser cuestionada por uno de los asistentes por la ampliación del Puerto de Las Nieves, en el municipio grancanario de Agaete, la diputada admitió que no estaba al corriente del asunto y tanto fue así que confundió uno de sus efectos con el de la central hidroeléctrica Chira-Soria.

“No puede ser que 50 escarabajos valgan más que miles de puestos de trabajo”, proclamó ante varias decenas de personas. El Pimelia canariensis es un escarabajo endémico de Canarias que ha puesto en entredicho el soterramiento de la línea eléctrica de la central porque puede afectar a una de las especies que se ha localizado en esa zona del sur de la isla. Además, Oramas hizo alusión a la instalación del tren en las islas de Gran Canaria y Tenerife y dijo que no entiende que los ecologistas se opongan “cuando reducirá el número de coches en circulación”. La diputada ha avisado que “como sigamos con el no a todo, volveremos a los taparrabos”.

El miembro de la plataforma Salvar Agaete Borja Monreal cree que es “lamentable” que una persona que “vive en las instituciones” y cuyo partido lleva más de 20 años en el poder “acuse a los ecologistas de ser los causantes de la huida de los jóvenes de Canarias”. “Son ellos los que han conseguido que Canarias esté a la cola en sanidad, educación, equidad educativa y dependencia”, explica.

Además, Monreal invita a la diputada a que lea el informe coste-beneficio hecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y encargado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que se la ha adjudicado la obra que “ellos mismos ocultan”. “Ahí tendría claro que estos proyectos no generan empleos sino que los destruyen”.

La obra de ampliación del muelle de Agaete es uno de los asuntos más polémicos de los últimos dos años en Canarias. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y el consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, han hecho oídos sordos al rechazo generado por sectores de la sociedad y diferentes administraciones debido al impacto ambiental que producirá la obra y han seguido adelante con la intención de comenzar los trabajos próximamente. Desde el Ejecutivo regional ni si quiera se ha entrado a abrir el debate, algo que recriminan los diferentes colectivos.

El proyecto del macromuelle contempla la construcción de un dique de abrigo con una primera alienación de 530 metros de longitud en talud con mando de Cubipods de 45 toneladas. Además, se construirá una segunda alineación de 400 metros de longitud de dique vertical a base de cajones de hormigón, así como la creación de dos atraques para ferris y otras obras complementarias de pavimentación, balizamiento, medios de atraque y amarre, urbanización e instalaciones. La infraestructura necesitaría 900.000 m3 de tierra sólo para comenzar con el relleno.

“Los impactos sobre la fauna y la flora son importantes, al igual que lo son las afecciones a la socio-economía del lugar y su gente”. Este uno de los principales argumentos que esgrime la plataforma Agaete Sin Macromuelle para que el Ejecutivo regional dé un paso atrás en la realización de esta obra. El colectivo insiste en que se debe tener en cuenta el impacto ambiental que producirá la ampliación del puerto en esta zona de la costa norte de Gran Canaria.

La turbidez generada con las obras es uno de los factores que más puede afectar ambientalmente a los ecosistemas del medio marino, detallan. En el medio marino hay multitud de organismos que necesitan oxígeno para respirar y luz para poder hacer la fotosíntesis. Por otra parte, la obra lleva aparejados determinados riesgos de vertido accidental de productos categorizados como nocivos y perjudiciales para el medio ambiente como combustibles y aceites.

Desde la plataforma también se recuerda que la entrada y salida de camiones para la realización de la obra supondrá un impacto terrestre que afectará a cientos de especies, así como el ruido que sufrirán todos los vecinos y vecinas del municipio. En este punto, se destaca el ruido marino que se producirá en el mar y se volverá “especialmente grave” para algunas especies. El sonido y las vibraciones tendrán un elevado impacto bajo el agua. Una vez y el muelle esté construido las consecuencias medioambientales continuarán.

El pasado 10 de noviembre la población isleña volvió a salir a la calle en señal de repulsa a la ampliación del muelle de Agaete. Las calles de la capital grancanaria se llenaron de pancartas con las que más de 10.000 personas pedían “Salvar a Agaete” de una obra “innecesaria” que “alterará” el paisaje del municipio.

A pesar de todo esto, los dirigentes de Coalición Canaria, representados en el ámbito estatal por Ana Oramas, han decidido continuar a por todas con la obra en el norte de Gran Canaria. El argumento principal, destrozado por Bruselas hace apenas unas semanas, es que si no se llevara a cabo la obra se perderían los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). En una respuesta parlamentaria, el pasado 20 de febrero, la Comisión Europea afirmó que “este proyecto no ha sido todavía seleccionado formalmente para la financiación con cargo al FEDER”.

La Fiscalía acorrala al histórico dirigente de CC Ricardo Melchior por presunta malversación de fondos, prevaricación y acoso laboral

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Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife y de la Autoridad Portuaria, tiene por delante un complicado panorama judicial. La Fiscalía Provincial acorrala al histórico dirigente de Coalición Canaria en varias causas que impulsa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y acoso laboral. Las actuaciones, que lleva directamente la fiscala María Farnés Martínez, se dividen en tres procedimientos penales abiertos en los juzgados, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife acordó el pasado 19 de marzo, mediante una providencia, la apertura de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, relacionados con la gestión de Ricardo Melchior en la Autoridad Portuaria. Las nuevas actuaciones son consecuencia de la ampliación de una denuncia presentada por el exdirector general de Puertos de Tenerife, José Rafael Díaz, el 25 de abril de 2018, día en que fue destituido por negarse a firmar contrataciones que consideraba irregulares.

La denuncia incial del también empleado público de la administración estatal dio pie a un primer procedimiento por presunto acoso laboral, en el que, además de Ricardo Melchior, se encuentran imputadas otras dos trabajadoras de la entidad, la exsecretaria del expresidente y la máxima responsable de Recursos Humanos.

El exdirector general de Puertos de Tenerife declaró por primera vez el 24 de julio de 2018, pero su testimonio fue suspendido tras aportar numerosa documentación sobre presuntas actuaciones delictivas cometidas por Ricardo Melchior durante el período en el que estuvo al frente de la administración portuaria. La jueza responsable había señalado para el pasado 19 de marzo la continuación del interrogatorio, pero fue aplazado de nuevo a petición de la Fiscalía, que el 13 de febrero presentó un escrito para solicitar la apertura de nuevas diligencias por posible malversación de caudales públicos y prevaricación. En la comunicación, Farnés Martínez también pidió la declaración de complejidad del procedimiento para aumentar los plazos de la instrucción.

Los acontecimientos que han engordado la causa también han provocado que se aplace sine die la declaración de los tres personas imputadas en el procedimiento por acoso laboral: Ricardo Melchior, su secretaria en Puertos de Tenerife y la directora de Recursos Humanos. Los tres fueron citados en calidad de investigados mediante un auto emitido por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife el 11 de junio de 2018.

A los dos procedimientos en marcha por la denuncia del exdirector general hay que sumar una tercera causa que afecta al expresidente de la Autoridad Portuaria. Fuentes oficiales confirmaron que la Fiscalía Provincial también ha concluido las diligencias preliminares de investigación por la contratación ilegal de dos asesoras de Ricardo Melchior. Los indicios delictivos detectados durante la investigación previa, dirigida de oficio por María Farnés Martínez, han dado pie a la apertura de otra causa en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

La investigación que llevó a cabo la Fiscalía Provincial por la contratación de dos trabajadoras de la máxima confianza de Ricardo Melchior en la Autoridad Portuaria, a dedo y sin procedimiento administrativo, se inició de oficio a raíz del juicio por la demanda que presentó una de las asesoras tras ser despedida, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón por considerar que su incorporación se produjo en fraude de ley. Para justificar su relación laboral con Puertos de Tenerife, ambas empleadas presentaron durante más de un año facturas, por servicios de asesoramiento y comunicación, que eran abonadas mensualmente sin ser fiscalizadas por los servicios jurídicos de la entidad.

Complejidad

En el escrito presentado el pasado 19 de marzo, aceptado por la jueza que lleva la instrucción, la sustituta María Cristina González Padrón, la fiscala Farnés Martínez explica que "al no guardar relación alguna el delito de acoso que es objeto de investigación en estas diligencias previas con los indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos que se desprenden de la documentación aportada (...) interesa se incoen nuevas diligencias previas para la investigación de los mismos". 

Además de pedir la suspensión de la declaración del denunciante, la fiscala también entiende que "la causa es compleja en atención a la cantidad de documentación administrativa que debe ser objeto de análisis", por lo que pide que las actuaciones "se declaren complejas y se establezca el plazo de 18 meses para la instrucción de las mismas, tal como establece la ley". La solicitud del Ministerio Público conlleva, tras la providencia de la jueza de instrucción, que "se desglose toda la documentación aportada" por el exdirector general de Puertos de Tenerife.

Entre los documentos entregados por José Rafael Díaz figuran diferentes contrataciones irregulares llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife durante la presidencia de Ricardo Melchior y de las que ya advirtió la Intervención del Estado en una auditoría. También aparecen pagos por servicios que, presuntamente, no se llegaron a prestar o no concuerdan con las cantidades abonadas. Más de 500 folios sobre supuestas anomalías en la gestión de los que, en esta primera fase de la instrucción, se desprenden indicios de malversación y prevaricación.

El exdirector de Puertos de Tenerife fue destituido después de enfrentarse a Ricardo Melchior tras negarse a autorizar algunas de las contrataciones irregulares, lo que produjo una fractura en la relación entre ambos. Aunque José Rafael Díaz comunicó sus sospechas a varios miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, además de al propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el órgano adoptó su cese.

Algunos de los componentes del Consejo de Administración no acudieron a la sesión que acordó la destitución de José Rafael Díaz. Entre los que sí estuvieron destacan importantes altos cargos de CC, como Carlos Alonso, José Manuel Bermúdez, José Alberto Díaz o Francisco Linares. El único que se abstuvo fue el expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, José Luis García. Ricardo Melchior fue relevado de su cargo dos meses después, a finales de julio de 2018, lo que permitió ocupar la presidencia a Pedro Suárez (PP). El movimiento siempre se vinculó a una estrategia de los nacionalistas para desactivar una posible moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna.

Demanda laboral

José Rafael Díaz, de baja en la actualidad después de haber sido trasladado a una plaza de jefe de unidad pese a tener asignado un puesto de jefe de departamento, está pendiente de que se dicte la sentencia por su demanda en la jurisdicción social, en la que solicita que se declare la nulidad del acuerdo del Consejo de Administración de Puertos de Tenerife que aprobó su destitución. El exdirector general defiende que su cese se produjo como una represalia de Ricardo Melchior por haber advertido de irregularidades.

La figura del también miembro de Coalición Canaria ha sido clave en el desarrollo de las investigaciones penales que acorralan al expresidente de la Autoridad Portuaria. Junto a la documentación aportada en el juzgado y que ha dado pie a la apertura de diligencias por presunta malversación, prevaricación y acoso laboral; el testimonio de José Rafael Díaz, durante el juicio de la asesora contratada a dedo que ha ganado su plaza por sentencia, también fue decisivo para que la Fiscalía abriese de oficio una investigación penal por la contratación ilegal de dos trabajadoras cercanas a la figura de Ricardo Melchior.

Antes de su destitución, y en el marco de las diligencias abiertas de oficio, el propio José Rafael Díaz fue interrogado por María Farnés Martínez, al igual que otras personas vinculadas con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por lo que ya era conocido que la Fiscalía tenía bajo lupa las sospechas por presuntos delitos vinculados con la figura de Ricardo Melchior. 

A pesar de que las tres diligencias abiertas en los juzgados no están directamente vinculadas con la delegación de Anticorrupción de la que es jefa en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez está al frente de las causas en las que se encuentra imputado Ricardo Melchior desde la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La representante del Ministerio Público también es responsable de otras actuaciones importantes, como el caso Grúas, por el que se investiga a Fernando Clavijo, o el caso Las Teresitas, por el que ha sido condenado en primera instancia otro histórico de CC, Miguel Zerolo.

Sanidad anula el concurso de ambulancias para rectificar “errores” en las bases

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La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) del Gobierno de Canarias ha anulado el concurso de ambulancias para rectificar “errores” en el anuncio de licitación. La entidad ha explicado que esto no afecta al procedimiento, que se encuentra en una “situación de corrección”, sin ofrecer más detalles. No obstante, GSC ha anunciado que en los próximos días volverá a abrir el plazo de presentación de ofertas para “dar mayor garantía”.

La empresa GSC ha publicado a las 13.50 horas de este martes una nota aclaratoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público donde explica de manera muy escueta por qué en el estado de licitación aparece la palabra “anulada”. Casi al mismo tiempo, el consejero de Sanidad del Gobierno regional, José Manuel Baltar, ha reconocido que su intención es dejar encaminado el procedimiento antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

“No me gustaría irme de esta Consejería dejando un lastre como el que yo recibí, que fue un concurso parado cuatro años y prorrogado de forma continua”, ha afirmado Baltar tras una pregunta parlamentaria del socialista Marcos Hernández, quien exhortó al también presidente del Consejo de Administración de GSC a paralizar las licitaciones y dejar que se efectúen en la próxima legislatura.

Hernández justificó la petición de su grupo parlamentario recordando que la Unión General de Trabajadores y Aeromédica Canarias S.L. han recurrido el procedimiento. El sindicato, porque estima que las bases incumplen la normativa al no reconocer en la subrogación la categoría profesional de los Técnicos de Emergencias Sanitarias; y la empresa, al justificar que el presupuesto es insuficiente para cubrir los gastos del servicio.

Además, Baltar ha sido “denunciado por revelación de secretos al publicitar el recurso” de Aeromédica, “donde expone sus gastos y denuncia el escaso presupuesto que se destina a la licitación”. Así, el diputado del PSOE considera que Baltar ha expuesto el concurso ”a la piratería empresarial” y "ha subastado a la baja y al mejor postor”. Hernández ha añadido que el responsable de Sanidad ha abierto la puerta de atrás a que gestionen este servicio empresas "que tiran el salario por suelos" en un sector ya de por sí precario.

Baltar ha replicado que cualquier empresa “tiene derecho a denunciar”, pero matizó que no es él quien “maneja los pliegos y condiciones”. Por otro lado, ha defendido que el concurso no sólo no se ha efectuado a la baja, sino que se han incrementado las anualidades correspondientes en 16 millones de euros. “Va a crecer un 12% todo el soporte vital básico, un 4% el soporte vital avanzado y un 10% el transporte sanitario no urgente”, ha concluido.

UGT: "El concurso de ambulancias está viciado de nulidad”

El sindicato UGT considera que desde el momento en el que Aeromédica recurre el concurso de ambulancias y denuncia al presidente del Consejo de Administración de GSC, todo el procedimiento debería quedar invalidado. “Baltar ha viciado de nulidad las bases”, afirma la organización en un comunicado.

UGT ha recordado que Aeromédica “lleva prestando el servicio más de dos décadas en el Archipiélago y son perfectos conocedores de los diferentes gastos”. A juicio del sindicato, que GSC haya hecho pública esta información a través de la publicación del recurso de la empresa en el perfil del contratante “abre la puerta de atrás a que competidores, con el afán de abrirse mercado en las Islas y querer prestar el servicio en las mismas, realicen una baja temeraria de la licitación”.

“Si una empresa con la envergadura de Aeromédica recurre los pliegos de licitación con el argumento que el presupuesto de GSC es inferior, se puede entender que el servicio de transporte sanitario terrestre se está subastando”, remarca UGT. Por todo ello, reclama al Gobierno regional que paralice la licitación y “deje al próximo Ejecutivo dicha tarea”.

El responsable del área de ambulancias de UGT Canaria, Iván Amador, concluye que la solución pasa por la internalización del servicio e insta a los grupos parlamentarios a realizar los informes económicos y jurídicos pertinentes para tal fin, tras aprobar una enmienda presentada por Nueva Canarias.

El pasado 21 de marzo, la formación nacionalista modificó una iniciativa promovida por el propio sindicato -además de Podemos, PSOE y Agrupación Socialista Gomera- que planteaba que GSC asumiera de forma directa el servicio de ambulancias, hasta ahora en manos privadas gracias a las prórrogas de un contrato anulado por la justicia en 2012 y mantenido en precario desde 2015, la fecha en la que debió vencer

La cosa debe pintar mal en Coalición Canaria

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Cuando llegó el momento de abordar las expectativas electorales de Coalición Canaria en Gran Canaria, alguien del comité de campaña del partido pronunció la frase más temida: “La cosa pinta mal”. Ni siquiera la extravagante alianza con Unidos Por Gran Canaria, del nacionalista español José Miguel Bravo de Laguna, y con Compromiso, de la ya amortizada Nardy Barrios, anima al optimismo a los estrategas a las órdenes de José Miguel Barragán. La irrupción -con desigual intensidad- de otras opciones como Vox, o el impulso (ma non troppo) de Ciudadanos, operan en contra de la pretendida recuperación de las opciones de un partido que, además de la caducidad de su discurso, carga con un trienio de responsabilidades institucionales alargado artificialmente gracias al clientelismo y a la apropiación de la instituciones canarias en beneficio propio.

El tirón de las marcas nacionales, con un PSOE crecido en unas circunstancias que nadie pudo imaginar cuando Pedro Sánchez vio prosperar su moción de censura a Mariano Rajoy, tampoco ayuda mucho a Coalición Canaria, a quien de poco valen ya las trompetas de descalabro que suenan para el Partido Popular.

Así las cosas, al lumbrera de guardia en el comité de campaña de Coalición Canaria no se le ocurrió mejor idea que la de convertir la necesidad en virtud y, así, proclamar que donde todos dicen “la cosa pinta mal” había que decir que “la cosa pinta bien”. La discusión -no cuesta imaginarla dada la tendencia al clasicismo que adorna las tendencias políticas de Canarias en la últimas décadas- debió entonces discurrir alrededor de divagaciones acerca de dónde pinta realmente peor, lo que condujo obligatoriamente a la isla de Gran Canaria.

La campaña de Pablo (Rodríguez) Picasso

Es cierto. Es en la isla de Gran Canaria donde Coalición Canaria vuelve a tener un grave problema de respaldo social. Ni siquiera haciendo vicepresidente a su secretario general insular, Pablo Rodríguez, el único diputado autonómico que el partido logró en las elecciones de 2015, los pronósticos se han vuelto halagüeños. Hace muchos meses que la agenda de Rodríguez dejó de tener coherencia institucional para pasar a ser una vergonzosa sucesión de actos sociales del más variado pelaje a los que se hace acompañar de periodista, fotógrafo y camarógrafo pagados con dinero público con los que transmitir a través de los medios afines pagados con dinero público, y de los medios de titularidad pública mantenidos con dinero público, sus hazañas con clubes deportivos, agrupaciones de pulso y púa y otras entidades a las que se hace creer que con estas visitas institucionales va a cambiar su situación anterior. Pero ni así, oye.

De aquella terapia grupal en el comité de campaña de Coalición Canaria debió haber nacido el diseño de precampaña con el que el partido trata de relanzar la imagen de Pablo Rodríguez en Gran Canaria. “Pablo pinta bien”, viene a ser el lema de tal intento. Y así se puede leer en diferentes soportes, básicamente en redes sociales y en vallas publicitarias, con el intento de hacer confundir el nombre del político con el nombre de pila de Picasso, cuyas creaciones se plagian sin ningún tipo de pudor marca de la casa. Más o menos como se hizo hace algunos años con la utilización de una canción de un compositor latinoamericano que terminó reclamando el pago de sus derechos de autor.

El lumbrera de guardia debió encargar al amigo creativo de la agencia de publicidad el diseño de una campaña anticipada a las autonómicas (26 de mayo, es decir, con dos meses de antelación) con el verbo pintar como motivo central. De ahí han surgido frases tan grandiosas como “pintar la carretera de La Aldea”, “pintar parques eólicos”, “pintar menos plásticos” o “pintar más inversiones”. Un concepto que anima a confirmar que el hoy vicepresidente del Gobierno solo se dedica a pintar ideas, si es que pinta algo. Porque la sabiduría popular ya se ha encargado de ridiculizar en las redes sociales algunas de estas forzadas ocurrencias. Como la de la carretera de La Aldea, que sufre un escandaloso retraso con respecto a la fecha que anunció en su momento este Pablo que tan bien dice haberla pintado.

Los delirantes vídeos de Nardy Barrios

Mientras, sus compañeros de alianza en Gran Canaria, Nardy Barrios y José Miguel Bravo de Laguna, se afanan por salvar los muebles de la mejor manera posible. La más activa hasta el momento parece ser la que fuera diputada nacional por el Partido Popular y concejal con mando en plaza de Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria.

Después de cuatro años de retiro, Nardy Barrios ha vuelto por sus fueros con una agresiva campaña en las redes sociales a través de las cuáles puede comprobarse que despliega una intensa actividad, quizás más intensa de lo que sería verdaderamente aconsejable. Porque la crueldad de las redes sociales es la que se está encargando de insinuarle a la veterana política que su decisión más acertada fue la de retirarse hace cuatro años y no la de regresar a arrimar el hombro para salvar a Coalición Canaria a la desesperada.

Su vídeo midiendo con paso indeciso el nuevo carril bici del Paseo de Chil, o aquel otro en el que invita al acto de mujeres de este lunes en la terraza Tao, con un “pequeño vino español” culminando tan bello encuentro en cuya convocatoria aparecen dos señoras de un partido nacionalista canario, son ejemplos de cómo una frenética campaña puede volverse en contra de quien la protagoniza.

Pinta mal para Ana Oramas González (sin el Moro)

El acto de mujeres al que ha invitado en su desaconsejable vídeo Nardy Barrios tiene otras protagonistas, además de ella misma. Por fortuna para las presentes, dicho sea sin ánimo de molestar más de lo debido. Una de ellas será la flamante número uno de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por Las Palmas, María Fernández, una joven abogada perfectamente desconocida a la que habrán de hacerle una campaña intensiva estas próximas cinco semanas.

Fernández no aparece en la lista de CC al Congreso fruto de ningún proceso de renovación, ni por un gesto de generosidad magnánima de los veteranos dirigentes del partido con los más jóvenes de la organización. Su nombre emerge como consecuencia de la negativa de varias personas ajenas a la organización, pero conocidas socialmente, a las que previamente se ofreció tal puesto. Fernández es cargo de confianza de Pablo Rodríguez en la Consejería de Obras Públicas, más concretamente es su responsable de relaciones con los medios informativos, puesto que no ha abandonado para presentarse a las elecciones, como han tenido que hacer en sus respectivos destinos la delegada del Gobierno, Elena Máñez, o la magistrada candidata de Podemos Victoria Rosell.

También participará este lunes en el acto de mujeres de Coalición Canaria la histórica diputada de CC Ana Oramas González-Moro, cuya continuidad en el Congreso de los Diputados vuelve a estar en cuestión, a tenor de lo que dicen algunas encuestas. Ana Oramas va a aprovechar que viaja a Gran Canaria para tener completa la agenda: por la mañana, en un acto de Editorial Prensa Canaria y por la tarde, en el encuentro de mujeres de la terraza Tao.

El cartel del primero de estos actos ya ha sido objeto de alguna chanza porque quizás por el afán de acortar su nombre para que cupiera en una sola línea, el artista de turno le suprimió la segunda parte de su segundo apellido. Y así, en lugar de Ana Oramas González-Moro, lo que apareció fue un escuálido Ana Oramas González que algunos malpensados hemos interpretado como un intento de la señora diputada de desprenderse de la fama de clasista que se ganó el día que en el pleno del Congreso descalificó a los habitantes de las Tres Mil viviendas de Sevilla.

El baño de humildad que seguramente se dio en su visita a ese populoso barrio no ha parecido muy creíble, sobre todo a tenor de lo dicho en la Ser por Almudena Grandes, que el viernes la llamó “pija de España”. Y lo que es peor, la equiparó a Rocío Monasterio, la más española de las españolas que quieren salvar a España por la gracia de Vox.

Tampoco pinta bien para Clavijo

La cosa podría aparentar a priori mejor para Coalición Canaria en Tenerife. La Junta Electoral se está ocupando de echarle una manita con los actos electorales del Ayuntamiento de Santa Cruz, presidido por un alcalde, José Manuel Bermúdez, que se erige en valor electoral seguro, según sus propios correligionarios. El levantamiento de la prohibición de celebrar el Día de la Juventud en Ofra no tiene el menor pase jurídico si se le pone en relación con la resolución anterior de la Junta Electoral de Zona, las alegaciones de Coalición Canaria (no del Ayuntamiento afectado) y las pruebas irrefutables que presentó el PSOE, amén de las fotografías que demuestran que, efectivamente, no es una celebración casual. Pero doctores tiene la iglesia y ya se sabe que en cuestiones judiciales que tengan que ver con CC en Tenerife, el lugar donde anidan lo burros que vuelan está cada vez más poblado.

Si no que le pregunten a Fernando Clavijo, quien confiado en sus asesores jurídicos y en los votos particulares del presidente del TSJC, Antonio Doreste, consejero que fue de Coalición Canaria en un Gobierno del inconfundible Manuel Hermoso, se ha enredado en una defensa absurda del caso Grúas. La última resolución del tribunal que fuera de los aforados, de nuevo con el voto particular de Doreste, vuelve a dejar en manos del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna la investigación al presidente del Gobierno. Y en lugar de tener que declarar como investigado el 15 de marzo, como inicialmente estaba programado, la nueva fecha será más cercana a la de la convocatoria electoral a la que pretende presentarse para revalidar su cargo.

La jueza que le dio patadón p’alante a la cosa se enfrenta ahora al desagradable papelón de una tercera resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife instándole a instruir como mandan los cánones, y en el peor de los casos, a una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial precisamente por la misma cosa.

Ya hay tribunal para juzgar al juez Salvador Alba

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha resuelto la composición del tribunal que juzgará al juez Salvador Alba Mesa por los cinco delitos que presuntamente cometió cuando conspiró para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell en 2015 y 2016. Estará presidido por el magistrado José Félix Mota Bello, que será el responsable de redactar la sentencia, y se completará con Secundino Alemán Almeida y Julio Wood Rodríguez, según una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, Isabel Morales Mirat, notificada este martes.

José Félix Mota Bello es el más veterano de los tres miembros del tribunal y ejerce actualmente como magistrado de la Sección V (Penal) de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Tiene una dilatada experiencia profesional que comenzó en 1986 en los juzgados de Arona, y ha llegado incluso a presidir una Audiencia Provincial, la de La Rioja, entre los años 1999 a 2007.

Secundino Alemán Almeida es magistrado de la Sección I de la Audiencia Provincial de Las Palmas, también dedicada a la jurisdicción penal. Y el también magistrado Julio Wood Rodríguez es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde. La presencia de este último en el tribunal fue rechazada por el acusado, Salvador Alba, quien promovió un incidente de recusación que esta misma semana ha sido resuelto en sentido negativo.

El tribunal tendrá ahora que resolver algunos asuntos planteados por las partes desde que en mayo de 2018 la magistrada instructora de la causa, Margarita Varona, dictara apertura de juicio oral. Entre otras cosas se encuentra pendiente de decidir si se admite una pericial solicitada por el acusado de los dispositivos electrónicos en lo que se grabó y se almacenó la grabación de la conversación en la que se le escucha conspirando para perjudicar a la jueza Rosell el 16 de marzo de 2016.

Además, el tribunal ha de resolver el recurso de Alba en contra de la decisión de la instructora de imponerle una fianza de 85.000 euros para responder por las posibles responsabilidades pecuniarias, una fianza que ha sido depositada por la compañía de seguros Allianz.

También debe decidir el tribunal si admite toda la prueba planteada por las partes para el juicio oral, entre otras los testimonios de testigos como José Manuel Soria, Miguel Ángel Ramírez o el periodista de El Mundo Fernando Lázaro, además de la víctima de los delitos presuntamente cometidos, Victoria Rosell, entre otros muchos.

Por último, el tribunal debe fijar una fecha para ese juicio, que puede prolongarse por espacio de varios días.

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma solicita para Alba una pena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación por la comisión de los delitos de prevaricación, falsedad en documentos judiciales, cohecho, negociaciones prohibidas y revelación de secretos. El juez se encuentra en estos momentos suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial.

La Fiscalía pide condenas para "la banda corrupta" dirigida desde la cárcel de Lanzarote por "el jefe": Dimas Martín

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"Todas las actuaciones delictivas emprendidas por la banda corrupta del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) para enriquecerse pasaban por la mirada carcelaria de un interno del Centro Penitenciario de la isla. Nada se hacía sin la autorización del jefe: Dimas Martín". La Fiscalía ha presentado este martes sus conclusiones definitivas y ha trasladado a la Audiencia Provincial de Las Palmas su petición de condena a los cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en el caso Unión, una de las causas por corrupción más importantes de Canarias por número de imputados y de piezas y que, según el fiscal Javier Ródenas, no debe ser juzgada como un caso aislado, sino como una historia "negra y corrupta" que asoló el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009. 

El Ministerio Fiscal pide que se condene a los acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación administrativa y fraude. De este modo, mantiene sus peticiones, previamente modificadas para elevar a 14 años y cinco meses de prisión y a una multa de 300.000 euros la condena relativa al exconcejal de Parques y Jardines de la capital conejera, Antonio Machín, y rebajar la solicitada para la entonces jefa de contratación del municipio, Elena Martín. Su pena pasó de una solicitud de dos años de cárcel a la petición de nueve años de inhabilitación, lo que la obligaría a dejar el cargo que ocupa como jefa del departamento de contratación del Ayuntamiento de Arrecife.

El grueso de la presunta actividad corrupta coordinada por el fundador del partido, Dimas Martín, que entonces se encontraba en la prisión de Tahíche cumpliendo condena por malversación, reside en el amaño de la gestión de los contratos de obras y servicios municipales para adjudicarlos a dedo a personas próximas a la agrupación. A cambio de la adjudicación, los exconcejales exigían a los beneficiarios el abono de una comisión ilegal, el 10% del dinero que iban a recibir por parte del Ayuntamiento. 

"Tahíche, a 23 de julio de 2007"

Para que se dé un delito de asociación ilícita se exige un reparto claro de funciones entre los implicados. Para la Fiscalía, los roles estaban claros: Dimas era el jefe y los concejales sus subalternos. Gran parte de la lectura del Ministerio Fiscal versó sobre el papel del fundador del PIL como presunto coordinador de la trama y sobre la "sumisión total" de los exconcejales hacia su figura. Algunas de las pruebas con las que el fiscal justificó esta relación jerárquica fueron las numerosas llamadas telefónicas y también las cartas en las que el líder daba distintas órdenes a los concejales. Entre ellas, bloquear pagos a empresas adjudicatarias hasta que estas pagaran la comisión ilegal que les exigía el partido.

La "costumbre" de Dimas Martín de comenzar las cartas que enviaba a los concejales con la fecha y el lugar en el que se encontraba facilitó, según el Ministerio Fiscal, el rastreo de las llamadas para conectarlas con las epístolas y así conocer las instrucciones que daba a los concejales. "A partir de ahora soy el invisible", rezaba una de las cartas enviadas por Martín desde prisión al ya fallecido exconcejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez. En ella, ambos inauguraron una vía de comunicación reservada.  

A partir de entonces, según la intervención de la Fiscalía, José Miguel Rodríguez subordinó sus decisiones a la voluntad de Dimas Martín. Así, para la puesta en marcha del Plan de Barrios de Arrecife, el exconcejal de Hacienda llamó "con apuro" a Martín pidiéndole que lo desbloqueara. "En lugar de sorprenderse y preguntar cómo iba un recluso de la cárcel de Tahíche a desbloquear un proceso de licitación pública, Dimas Martín respondió que le faltaba solo un documento para poder hacerlo", recordó el fiscal Javier Ródenas, quien además aseveró que el pliego de las mejoras del mencionado Plan de Barrios había sido localizado en la celda de Dimas Martín. 

Las llamadas telefónicas intercambiadas entre ambos también fueron utilizadas por la Fiscalía para probar el uso de dinero público para pagar a simpatizantes del PIL y para sufragar gastos personales. Entre otras peticiones, Martín planteó a José Miguel Rodríguez que "sacara" del Ayuntamiento de Arrecife 7.000 euros para pagar una revista elaborada para ellos por Ismael Montero, un simpatizante del partido. 

El abogado del Ayuntamiento de Arrecife ha respaldado las peticiones del fiscal y ha subrayado la necesidad de condenar a un "gobierno paralelo" que se instaló en la capital entre 2007 y 2009 para saquear a la ciudadanía, que ya se estaba viendo afectada por el comienzo de la crisis económica que sufrió el país en esas fechas. 

Ambas acusaciones también señalaron al empresario Juan Francisco Rosa como uno de los pilares que sostuvo esta presunta trama de corrupción por crear un contrato laboral para Dimas Martín y que así este pudiera acceder al tercer grado. "Se ha simulado una relación laboral que no existió y que permitió al político seguir dirigiendo las actividades ilícitas del PIL desde la calle", añadieron las acusaciones. La supuesta condición que puso el empresario fue que el partido legalizara los hoteles que fueran de su propiedad. 

La respuesta de los defensores tendrá lugar en las dos próximas sesiones, que concluirán el jueves. Sin embargo, la defensa de Juan Francisco Rosa ha tenido que adelantarse en la sesión de este martes. Durante su intervención, insistió en que no se han añadido al auto pruebas que muestren que Dimas Martín no asistió al puesto de trabajo que le ofertó el empresario y subrayó que tampoco se le ha preguntado al político en el interrogatorio si acudió a su puesto o qué tipo de empleo desarrollaba. Además, insistió en que el contrato laboral no cumple con las características para ser designado como falso, lo que "impide la sentencia condenatoria".  

Condenas

De este modo, la pena solicitada para Dimas Martín es de más de 17 años de cárcel con el agravante de reincidencia y una multa de 400.000 euros. Por su parte, para el empresario Juan Francisco Rosa se piden dos años  y tres meses de prisión. Al empresario Samuel Lemes, cinco años de cárcel, a uno de los administradores de La Palmita e Infogelanz Martín Brito, 15 meses de cárcel, a Antonio Gómez, otro de los administradores, un año de prisión, y al empresario Manuel Reina, más de cuatro años de cárcel.

Anticorrupción aprecia al menos tres delitos en la gestión de Clavijo en el caso Grúas

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La fiscal encargada de la lucha contra la corrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, aprecia al menos la comisión de tres delitos en el caso Grúas y señala directamente al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como uno de sus autores, aunque de momento evita pedir llamarlo a declarar. En un escrito de 70 folios incorporado a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, la representante del Ministerio Público asegura apreciar la comisión de al menos los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la gestión de Fernando Clavijo y algunos de sus compañeros al frente del Ayuntamiento de La Laguna.

El préstamo de 120.000 euros a la empresa Autogrúas Poli después de ser transferida a amigos del alcalde-presidente; la prórroga de la concesión contraviniendo todas las prescripciones legales, y la negativa a rescatar la concesión del servicio de grúas, todo ello levantando los continuos reparos del interventor general del Ayuntamiento, son relatados minuciosamente por la fiscal en su escrito, en el que pide que se llame a declarar como investigadas a dos piezas que considera clave en la trama: la directora del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Rosario del Carmen Hernández Eugenio, y la jefa de Sección de Planificación, Control y Tramitación del ayuntamiento lagunero en la época en que se produjeron los hechos.

Desde que la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife se hizo cargo del caso Grúas, la posición del Ministerio Público ha cambiado sustancialmente respecto a la deriva que venía manifestando desde el comienzo de la causa, en 2017. Una vez el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resolvió el pasado día 22 de marzo que es el juzgado de instrucción ordinario el competente para tramitar las diligencias a pesar de la presencia de una autoridad autonómica otrora aforada, todo apunta ya a que en las próximas semanas Fernando Clavijo tendrá que deponer ante la jueza titular, Celia Blanco.

De momento, la fiscal María Farnés Martínez no lo ha pedido, si bien es verdad que su profuso escrito tiene fecha 18 de marzo, es decir, anterior a la resolución definitiva del TSJC. Su criterio anterior a ese auto, contra el que solo cabe la queja ante el Supremo, era el de no citar al presidente canario hasta que se resolviera el presunto recurso de casación, que finalmente quedó en agua de borrajas, lo que desde esa fecha, el día 22, deja abierta la posibilidad a que la declaración de Clavijo como investigado solo dependa de las agendas del juzgado y de las partes.

En su escrito de 70 folios, María Farnés Martínez pide al juzgado que recabe una larga serie de documentos que sirvan para afianzar (o en su caso descartar) su criterio de que el caso Grúas tiene todos los ingredientes de una causa penal por corrupción. La fiscal ha basado sus indicios en la lectura del expediente administrativo aportado por el ayuntamiento, así como en las comparecencias en la llamada “comisión de información” celebrada en el consistorio a propuesta de los partidos de la oposición y que finalmente alcanzó unos escuálidos resultados por el boicot al que fue sometida por Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista, por entonces socio de inquebrantable fidelidad al gobierno nacionalista del actual alcalde, José Alberto Díaz, concejal de Seguridad y Movilidad en los tiempos del caso Grúas.

María Farnés Martínez aprecia delito de prevaricación en la gestión que hizo el Ayuntamiento en torno al incumplimiento del pliego de condiciones del servicio de grúas por parte de la empresa concesionaria cuando fue transferida, por presiones de las autoridades municipales, a un grupo de siete trabajadores cercanos al entonces alcalde-presidente, Fernando Clavijo. Con unas deudas de 300.000 euros, de las que 112.000 se correspondían con administraciones públicas (Seguridad Social y Agencia Tributaria); con menos trabajadores de los que obligaba el pliego de condiciones; con camiones-grúa deteriorados que no tenían tarjeta de transporte, ni seguro de responsabilidad civil y sin pasar la inspección técnica de vehículos (ITV); con constantes requerimientos de la Guardia Civil y del Cabildo de Tenerife; con sus administradores incumpliendo el requisito de capacitación profesional y la autorización administrativa… el Ayuntamiento de La Laguna evitaba caducar la concesión y rescatar el servicio.

La fiscal apunta directamente a Fernando Clavijo, sin descartar que en este presunto delito de prevaricación pueden haber participado “algunos de los funcionarios que han emitido informes y pudieran por tanto ser cooperadores”.

También analiza detenidamente la fiscal la compra de la totalidad de las participaciones de Autogrúas Poli SL (la concesionaria original del concurso tras decidir Clavijo la privatización del servicio) a siete trabajadores relacionados con el actual presidente de Canarias. A juicio de María Farnés Martínez tal transmisión se realizó sin la más mínima tramitación administrativa, lo que impidió comprobar a los funcionarios municipales si los compradores cumplían con las exigencias legales, como la capacidad de obrar y la solvencia económica, profesional y técnica.

A la fiscal le llama la atención que esos descuidos no se dieran sin embargo cuando la misma empresa fue luego vendida en 2015, con una deuda superior a los 715.000 euros, a Grúas y Servicios Adeje, a quien sí se le exigió el cumplimiento de todos los preceptos legales. Aún así, a Martínez le parece que “podríamos considerar que es un fraude que al día de hoy la persona que ostenta la concesión para el servicio de grúas de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna no tenga nada que ver con la persona que resultó ser ganadora del concurso público que se llevó a cabo para dicha adjudicación”.

El préstamo de 120.000 euros

Tampoco escapa de la censura de la Fiscalía la concesión de un préstamo de 120.000 euros de fondos municipales a la empresa de grúas cuando ya había sido adquirida por personas cercanas al alcalde-presidente Clavijo. Además de apreciar “cierta manipulación” en los informes justificativos,  María Farnés Martínez resalta las dos ocasiones en las que el interventor general del Ayuntamiento repara la operación por ausencia de cobertura legal y por falta de especificación de la condiciones. Algunas de ellas, como el aval personal de sus viviendas que los trabajadores dijeron haber aportado, no los ha encontrado la fiscal en el expediente y por eso ha pedido a la jueza que los mande recabar.

En varios pasajes de su amplio escrito, la representante del Ministerio Público censura la contratación por parte del Ayuntamiento de doctos catedráticos de la Universidad de La Laguna llamados para dar cobertura a las decisiones del alcalde-presidente Clavijo. “Los reparos se levantan mediante informes externos, sin que se emita opinión de por qué se da más credibilidad al informe externo que al del funcionario público, cuya intervención en el procedimiento es obligatoria y además está sujeto a responsabilidad en el supuesto de informar falsamente”, dice la fiscal.

Además, recalca que en el expediente municipal no aparece explicación alguna del porqué se solicitan estos informes; quién los ordenó o resolvió encargarlos, ni el motivo o fundamento para solicitarlos. “Tampoco consta por qué el Ayuntamiento prefiere pagar unos honorarios que tampoco constan cuáles son, en lugar de acudir a sus propios funcionarios o bien a los organismos públicos servidos también por funcionarios, como el Consejo Consultivo o la Dirección General de la Contratación, en ambos casos sin coste alguno”, enfatiza.

En varias ocasiones a lo largo de su escrito, la fiscal se pregunta por los motivos por los que el Ayuntamiento de La Laguna no rescató la concesión, cuando se daban todas las circunstancias, tanto por el incumplimiento del pliego de condiciones como por la situación de la empresa, en causa de disolución y con fuertes deudas con las administraciones públicas, lo que debió impedirle contratar con el ayuntamiento.

La fiscal cree que Clavijo prevaricó levantando los reparos para la concesión del préstamo de 120.000 euros y obrando de igual manera para prorrogar el contrato a pesar de los múltiples incumplimientos del pliego del concurso y de la legalidad vigente, como de modo reiterado advirtió siempre el interventor general del ayuntamiento.

La fecha de este escrito, 18 de marzo, explica por qué la fiscal no incluye en sus peticiones a la jueza la citación del presidente del Gobierno como investigado. Entonces no se había resuelto aún el recurso que Clavijo había interpuesto ante el TSJC para que se le admitiera la preparación de una casación ante el Supremo, petición que le fue denegada el día 22. Justo la fecha en la que la misma fiscal se había opuesto a los recursos de las acusaciones personadas en el procedimiento a la suspensión de la declaración de Clavijo, prevista para el pasado día 15 pero suspendida por la jueza dos días antes.


Salvador Alba fracasa en su primer intento para volver a ejercer como juez

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El Tribunal Supremo ha frustrado el primer intento de Salvador Alba para volver a ejercer como juez. El magistrado había solicitado al alto tribunal español que dejara sin efecto el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le apartó de la judicatura el pasado 19 de julio hasta que se resuelva un procedimiento tangencial, abierto a raíz de un recurso presentado por el propio Alba contra lo que considera una ausencia de normas de reparto de asuntos en la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Se trata del órgano judicial donde se instruyó la causa que le ha conducido al banquillo de los acusados por la presunta comisión de cinco delitos para perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por Las Palmas. 

Como parte de su estrategia de defensa, Alba, que se enfrenta a peticiones de hasta trece años y medio de cárcel y 41 de inhabilitación, ha tratado de cuestionar todo el procedimiento en su contra al entender que se encuentra viciado debido a esas supuestas irregularidades en el sistema de elección de los magistrados para el reparto de ponencias en el TSJC. La impugnación del magistrado se dirige contra la "inactividad" de la Sala de Gobierno del alto tribunal canario y contra el CGPJ. A la primera la acusa de "no cumplir" la normativa sobre composición de salas. A la segunda, de "no exigir" su cumplimiento.

La Sala de lo Contencioso del Supremo le ha propinado su primer revés en este pleito al rechazar la medida cautelar solicitada por el juez, el levantamiento de su suspensión temporal de funciones. Entre otras cuestiones, Alba había alegado que esta decisión le estaba ocasionando un perjuicio económico, ya que desde julio ha perdido cerca de un 60% de su sueldo.

El auto del Supremo desvincula la causa penal contra Alba del contencioso abierto como consecuencia de su recurso contra esas supuestas anomalías en el TSJC. "La relación es puramente circunstancial e indirecta, tan solo en la medida en que la inactividad de los referidos órganos del Poder Judicial que se combate en este proceso contencioso administrativo pudiera haber afectado a la composición del tribunal que conozca dicha causa penal, pero esta nada tiene que ver con el objeto del proceso contencioso administrativo, la referida inactividad de los citados órganos judiciales de gobierno", señala.

La resolución, firmada por el magistrado Eduardo Espín, insta a Alba a combatir "las posibles objeciones a la regularidad de la composición del tribunal" en el juicio en su contra y le advierte de que hacerlo en un procedimiento contencioso administrativo que dirime un objeto distinto constituye "una clara desviación procesal". "La petición de suspensión es improcedente", subraya el Supremo en un auto fechado el pasado 17 de enero.

El alto tribunal recuerda a Alba que la suspensión de funciones para un magistrado sobre el que pesa una causa penal "tiene un sólido fundamento en la protección de los intereses generales ligados a la recta administración de justicia, que se verían claramente perjudicados en el supuesto de que un juez o magistrado sometido a un proceso penal continuase ejerciendo sus funciones". El Supremo subraya que estos intereses generales son "manifiestamente prevalentes" respecto a los perjuicios económicos alegados por Alba.

Antes de interponer el recurso contra la "inactividad" del CGPJ y del TSJC, Alba se dirigió a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces para pedir una certificación sobre las mencionadas normas de reparto. En contestación a este requerimiento, el presidente del TSJC, Antonio Doreste, aludió al acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno el 5 de mayo de 2017 sobre el reparto de ponencias de la Sala de lo Civil y lo Penal. El acuerdo rezaba así: "De forma provisional, el presidente de la Sala de lo Civil y lo Penal asume el mismo número de ponencias que las magistradas integrantes de dicha sala en los recursos de apelación contra las sentencias de las audiencias provinciales, a tenor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". La Permanente tomó conocimiento y dio por bueno este acuerdo, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio de 2018.

El juez suspendido mantiene abierta otra vía para tratar de volver a ejercer su profesión con carácter inmediato. Alba sostiene que el Poder Judicial y, en concreto, el magistrado Javier Aguayo, en la actualidad presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en aquel momento jefe de sección de Régimen Disciplinario del servicio de personal del órgano de gobierno de los jueces, vulneró sus derechos fundamentales en el proceso para notificarle formalmente su suspensión.

El juez fue abordado por la Policía Nacional en el aeropuerto de Madrid cuando habían transcurrido 57 días desde que el TSJC dictara el auto de apertura de juicio oral en su contra y después de numerosos intentos infructuosos de notificación por parte del CGPJ. Alba se ha querellado contra Aguayo, a quien acusa de haber ordenado consultar los registros de pasajeros, un método de localización contemplado para personas en busca y captura en casos de terrorismo y de delincuencia grave. El magistrado declaró recientemente en una radio local que fue Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ex compañero de sección, quien alertó al Poder Judicial de su viaje para que la Policía le pudiera abordar en el aeropuerto y notificar la suspensión de funciones. 

El TSJ canario coloca a un juez sancionado por el Poder Judicial al frente del tribunal que juzgará a Salvador Alba

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Tras un intrincado movimiento de candidatos y candidatas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha colocado al frente del tribunal que juzgará al magistrado Salvador Alba a un viejo conocido de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial: Rafael Lis Estévez. El veterano magistrado, que deberá jubilarse forzosamente en mayo de 2019 al cumplir 72 años, acaba de reincorporarse a su juzgado de Lanzarote tras una sanción disciplinaria de seis meses de empleo y sueldo por una falta muy grave, concretamente por no apartarse de una causa en la que tenía interés directo, una hijuela del caso Unión, en cuya deriva ha coincidido con el juez que tendrá como acusado, ambos navegando reiteradamente en la misma dirección: a favor de los encausados en el caso más sonado de corrupción de la isla de Lanzarote.

Las acusaciones particular y populares personadas en la causa contra Salvador Alba, al que se le acusa de cinco delitos por los que el Ministerio Fiscal pide 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación, ya han anunciado que recusarán a Rafael Lis.

Para conseguir colocar a Lis como presidente, y por lo tanto, como ponente de la sentencia, el TSJC ha tenido que hacer malabares con los jueces y juezas inscritos en la lista de sustitución que ha de ser atendida por riguroso orden. Tras aceptarse la recusación y la abstención de varios aspirantes, el tribunal había quedado formado por José Félix Mota como presidente, acompañado de Julio Wood y de Secundino Alemán. Pero el presidente del TSJC, Antonio Doreste, ha decidido designar a Alemán como potencial sustituto de Julio Wood para el caso de que prospere la recusación que contra él ha formulado Salvador Alba. Esa jugada le ha permitido dar entrada al siguiente en la lista, Rafael Lis, de modo que el tribunal quedara conformado temporalmente y de modo inédito por cuatro magistrados, en lugar de los tres reglamentarios. A continuación, Doreste ha designado a Mota como instructor de la recusación contra Julio Wood, lo que le podría invalidarle para juzgar a Alba. De ese modo, Rafael Lis pasaría a ser el magistrado de mayor edad, y por lo tanto, presidente del tribunal y ponente de la sentencia del mayor caso de corrupción judicial de la historia de Canarias.

La acusación particular en la causa contra Salvador Alba, la que ostenta la magistrada Victoria Rosell, víctima de varios de los delitos presuntamente cometidos por el acusado, ya ha presentado un escrito reclamando la abstención de Rafael Lis y, subsidiariamente, interponiendo un incidente de recusación. Entre los motivos que alega figura el mismo que condujo al presidente del TSJC, Antonio Doreste, a apartarse en la primavera de 2017 de la instrucción contra Alba: aparecer mencionado en la conversación que dio origen a la causa, aquella en la que el juez investigado pacta con el empresario Miguel Ángel Ramírez una declaración judicial de la que pudieran extraerse motivos perjudiciales para la por entonces diputada de Podemos que alimentaran la querella que contra ella había interpuesto en el Tribunal Supremo el exministro José Manuel Soria.

En un momento de esa conversación, Alba demuestra estar al corriente de los motivos por los que Rafael Lis no iba a poder sucederle al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que maquinó contra la jueza Rosell, al cumplirse los seis meses preceptivos de sustitución. Alba cuenta a su interlocutor que el juez Lis había sufrido un accidente de tráfico y que, por lo tanto, no estaría recuperado a tiempo. Lo hizo en su lugar la magistrada Carla Vallejo, que fue la que finalmente elevó al TSJC la exposición razonada que dio lugar a la investigación contra el juez.

Antonio Doreste se apartó de las diligencias penales contra Alba seguidas en la Sala de lo Penal del TSJC porque este, en la misma conversación, aseguró que el presidente de ese órgano estaba siendo informado por él mismo de todas sus gestiones relativas a la causa que se seguía contra el empresario en aquel juzgado.

Las acusaciones populares, representadas por Podemos y por el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, se han adherido a los mismos motivos recusatorios.

Dos jueces polémicos

Rafael Lis acaba de regresar a la carrera judicial para cumplir los seis meses que le quedan antes de su jubilación. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó en octubre de 2016 con una suspensión de seis meses de empleo y sueldo por una falta muy grave de desatención a sus obligaciones jurisdiccionales, sanción que no empezó a cumplir hasta mayo de 2018. En concreto, Lis se negó reiteradamente a apartarse de la causa que se seguía en su juzgado (Instrucción 3 de Arrecife) por el robo de parte del sumario del caso Unión tras una denuncia formulada por el instructor de aquella causa, César Romero Pamparacuatro.

En una de sus polémicas decisiones, Lis permitió que en aquella investigación fueran parte como perjudicados los empresarios investigados en el caso Unión, Luis Lleó y Juan Francisco Rosa, teóricos beneficiarios de los estragos sufridos en aquel sumario. Y no contento con esa decisión, continuó instruyendo a pesar de haber sido recusado por el juez Pamparacuatroal descubrirse que la abogada de Rosa era la pareja de Lis, Margarita Alejo, socia del bufete que el magistrado había abandonado para reinstalarse en la carrera judicial sus últimos años de vida laboral. Un despacho muy floreciente del que también son socios sus propios hijos.

Es precisamente el caso Unión uno de los que ha hecho que Rafael Lis y Salvador Alba hayan coincidido mucho últimamente, y en ambos casos resolviendo a favor de los empresarios encartados.

Ya en 2014 la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que Alba formaba parte antes de ser suspendido de sus funciones, anuló la entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó, donde la Guardia Civil se incautó de abundante material que incluso involucraba a dos letrados del Tribunal Constitucional que actuaban como asesores fiscales para el ahorro de impuestos. Todas esas pruebas tuvieron que ser apartadas de la causa.

En octubre de 2016, la misma Sección Sexta, en un auto del que Alba fue ponente, daba la razón a Luis Lleó al rechazar que el juez César Romero Pamparacuatro pudiera actuar como afectado por la desaparición y manipulación del sumario del caso Unión que se custodiaba en su juzgado de Arrecife. Pamparacuatro fue reiteradamente señalado como un mal instructor, incluso por la misma Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En diciembre de 2016, Salvador Alba volvió a la carga con un polémico auto por el que levantó el precinto de la Bodega Stratvs, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa. Lo hizo contraviniendo incluso una resolución de 2014 de la Audiencia Provincial y el criterio de la fiscalía, que consideró lo generado por aquella bodega en el paisaje protegido de La Geria “el peor atentado ambiental contra Lanzarote”.

En abril de 2017, Salvador Alba anuló la grabación que dio lugar al caso Unión a través de un auto que condujo a la Fiscalía a considerar que con él el juez prefabricaba de ese modo su defensa. La grabación registraba el encuentro entre el denunciante del caso, el político socialista Carlos Espino, y uno de los encartados, Fernando Becerra, que le proponía el pago de comisiones a cambio de facilidades para determinados proyectos en el Cabildo de Lanzarote, del que aquel era consejero de Política Territorial. Alba se basó en que la grabación no se realizó espontáneamente, sino de modo subrepticio y que el resultado tiene cortes, justo lo que alega en estos momentos ante el TSJC para anular la que le incrimina a él.

Contra Carlos Espino cargó fuertemente el juez Rafael Lis estando ya sancionado por el Poder Judicial imponiéndole una fianza de 1,5 millones de euros por una causa que lleva en su juzgado promovida por la presidenta insular del PP en Lanzarote, Astrid Pérez. El asunto todavía está -cinco años después de abrirse- en diligencias previas y parte de una denuncia en la que se acusa a Espino de abonar sobrecostes en una cocina de los centros de arte y cultura del Cabildo de Lanzarote. Lis se apresuró a imponer esa sanción días antes de ser suspendido.

Las coincidencias entre Rafael Lis y Salvador Alba se extienden también a sus pretensiones gubernativas. En 2014 ambos fueron candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero aquella carrera la ganó por un voto Antonio Doreste, que es el que ahora vuelve a unirlos colocando a uno en estrados y al otro en el banquillo de los acusados.

Salvador Alba será juzgado por cinco delitos en fecha aún por determinar: prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento judicial, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionario público. La Fiscalía pide para él 10 años de prisión y 29 de inhabilitación profesional. La petición de las acusaciones oscila entre los 13 y los 14 años de cárcel.

Los hechos se remontan a los seis meses (noviembre de 2015 a mayo de 2016) en los que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de su titular, Victoria Rosell, que había sido elegida diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. Desde esa posición, Alba maniobró para conseguir pruebas que pudieran engrosar la querella que por injurias y calumnias había interpuesto contra la magistrada el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, querella que, gracias a los informes presuntamente falsos de Alba, se amplió a otros delitos. La diputada tuvo que dimitir en aplicación del código ético de Podemos y la causa quedó finalmente archivada en el TSJC al no apreciarse la comisión de delito alguno.

Clavijo prepara un arsenal para arremeter aún más fuerte contra la Fiscalía por el caso Grúas

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, prepara la madre de todas las batallas contra la Fiscalía General del Estado para tratar de librarse del incómodo y pesado yugo del caso Grúas en periodo electoral. La tregua que le ha concedido graciosamente la jueza de Instrucción 2 de La Laguna suspendiendo su declaración como imputado, prevista para el pasado día 15, no será eterna, especialmente si se atienden los recursos presentados por los denunciantes del caso, que no comparten que la presumible existencia de un recurso de casación ante el Supremo contra el auto que residenció la causa en La Laguna tenga capacidad suspensiva de algún tipo.

El equipo jurídico del presidente de Canarias trata de armarse con un arsenal que le permita arremeter nuevamente, pero esta vez de manera más dura, contra la Fiscalía General del Estado. A esa instancia tratará de responsabilizar nuevamente de una suerte de operación política atribuyéndole un retraso injustificado en su pronunciamiento sobre el órgano competente para investigarlo en los momentos previos a la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía (noviembre de 2018) cuando la causa ya había tenido entrada en el TSJC, el entorno de los aforados, en agosto de ese mismo año. La abolición de los aforamientos en ese nuevo estatuto animó a la Fiscalía a aconsejar no mantener en el tribunal para los aforados una causa que enseguida iba a ser de los juzgados ordinarios. Pero Clavijo no se resigna a tal doctrina y, a pesar de repetir en todos los foros que está deseando declarar para aclarar su inocente participación en el caso grúas, sus letrados hacen lo indecible para tratar de que el presidente solo pueda ser investigado en el TSJC, el antiguo tribunal de los aforados – que ya no lo son- de la Comunidad Autónoma.

Tal deseo parece responder a las señales enviadas desde ese tribunal por su presidente, Antonio Doreste, en el voto particular que emitió respecto al auto de la Sala de lo Penal que ordenaba devolver las diligencias a los juzgados ordinarios de La Laguna. En ese voto particular podía leerse claramente que tal decisión de su compañeras de Sala empeoraría la posición “del aforado, porque en el peor de los casos lo que podría pasarle es que la Sala confirmara los indicios delictivos [detectados por el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna], pero en el mejor de los casos sería el sobreseimiento, posibilidad que ahora queda yugulada” al enviarse los autos al juzgado de intrucción.

Con estos antecedentes, la defensa de Fernando Clavijo se ha dirigido al TSJC para que reclame una serie de documentos, de cuya existencia se muestra bastante segura, relacionados con las acciones de la Fiscalía a partir del momento en el que el caso Grúas entró en el TSJC. Entre otros, reclama que le den traslado de las fechas en las que la Fiscalía fue notificada de los plazos para responder a la exposición razonada elevada por Instrucción 2 de La Laguna en la que se incriminaba a Clavijo; las distintas prórrogas que se le concedieron para que se pronunciara; la fecha en la que el Ministerio Público presentó sus informes… Y, sobre todo, la defensa de Clavijo reclama que se les de traslado de “todos los informes, provisionales y definitivos, reservados o no, borradores o notas de trabajo, visados, etcétera, obrantes en registros públicos sin tener el carácter de secreto para esta parte, que se realizaron como consecuencia de la tramitación de dichas diligencias previas [las del caso Grúas]”.

“En particular, por su incidencia en el incumplimiento de los plazos”, la defensa de Clavijo reclama “el informe provisional o borrador elaborado por el fiscal del TSJC para su remisión a la Fiscalía General del Estado lo que, al parecer, se realizó el 28 de octubre de 2018, y el visto o respuesta, si la hubiera, con indicación de la fecha de ésta”.

Tales precisiones provienen, según el escrito, de una nota de prensa de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de 15 de noviembre, además de las declaraciones recientes del fiscal jefe saliente, Vicente Garrido, que ha defendido la actuación del Ministerio Público sin dejar de dar, no obstante, valiosas pistas sobre lo ocurrido en aquellas fechas.

Entre otros particulares, la defensa de Clavijo  conoce gracias a Garrido la existencia de un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que trasladó a la Fiscalía de Canarias “la conveniencia de suspender la presentación de ningún escrito, dado que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para conocer los hechos derivaba del aforamiento para los miembros del Gobierno de Canarias, establecido por el Estatuto de Autonomía, norma que de forma inminente iba a ser reformada”.

El caso Grúas, para no iniciados: así es la causa judicial que compromete al presidente de Canarias

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La Fiscalía reduce de nueve años a nueve meses de prisión la petición para un constructor señalado en la Gürtel canaria 

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El constructor Cristóbal Ortega, principal encartado en la causa en cuyo juicio un técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) dijo haber descubierto una trama que ha bautizado como “la Gürtel canaria”, no pisará la cárcel pese a haber confesado tres delitos contra la Hacienda Pública. Tras el reconocimiento de todos los hechos que se le imputaban y el pago de las cuotas defraudadas, que ascienden a 850.000 euros más intereses, la Fiscalía ha aplicado al empresario un atenuante muy cualificado de reparación del daño causado para rebajarle en dos grados la pena que solicitaba, de manera que la petición de nueve años de prisión, tres por cada delito, queda reducida a nueve meses, según lo manifestado este viernes en la última sesión de la vista oral. 

En su informe final, la fiscal delegada de Delitos Económicos de la provincia de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha subrayado que Ortega ha satisfecho íntegramente la responsabilidad civil de todos los procesados en esta causa por delito fiscal, por lo que entiende acreditados sus esfuerzos para resarcir el perjuicio causado a las arcas públicas.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado llegaron a un acuerdo de conformidad con cinco de los siete acusados en el procedimiento para que confesaran a cambio de reducciones de pena. Según fuentes consultadas por Canarias Ahora, las negociaciones con los abogados defensores se entablaron la pasada semana, aunque el pacto se alcanzó definitivamente a primera hora del lunes, a las puertas de la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a los pocos minutos de comenzar la vista oral. Ya entonces los representantes del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado conocían los hechos que el técnico de Hacienda I.F. puso de manifiesto en la sesión del miércoles, las presuntas presiones a las que habría sido sometido tras comunicar a sus superiores que tenía fundadas sospechas y “multitud de indicios” de que detrás de este y otros casos similares y coetáneos se escondía una trama destinada a la obtención de una caja B con fondos para pagar comisiones a políticos como contrapartida a adjudicaciones de obra pública.

La Fiscalía sostiene que el acuerdo con los encausados es anterior al conocimiento de esa denuncia y que, en cualquier caso, el subinspector de la Agencia Tributaria manifestó unos hechos “genéricos”, sin concreción, que imposibilitaban la apertura de una investigación de oficio, por lo que le ha instado a formalizarla con mayor nivel de detalle y la aportación de nombres de políticos y empresarios.

Cristóbal Ortega ha confesado haber defraudado a Hacienda en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2007 y 2008, en unos importes que ascienden a 451.778,81 y 155.213,77 euros, respectivamente, y en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2007 en 240.206,04 euros. En total, 847.198,62 euros. Además de ejecutar obra propia, la empresa que Ortega administraba, de la que era socio único, ejercía como subcontrata de grandes constructoras adjudicatarias de contratos públicos. Para materializar su plan, el procesado se servía de los llamados moduleros, profesionales autónomos sujetos al régimen de estimación objetiva o por módulos, quienes les giraban facturas falsas que el empresario utilizaba para deducir gastos, bajar la base imponible y, por lo tanto, la cuota del Impuesto de Sociedades.

Los moduleros cobraban por esta operación una comisión de entre el 10 y el 12% a través de un talón. Las facturas falsas no les acarreaba ninguna repercusión en materia fiscal, ya que los profesionales incluidos en el régimen de estimación objetiva no tributan en función de lo que facturan, sino según unos parámetros fijos. Según los hechos descritos en el informe de calificación de la Fiscalía, reconocidos por el propio encartado, Ortega retiraba de las cuentas de su empresa la cantidad restante (el 88 o el 90% de las facturas) para simular que realizaba el pago a los moduleros, pero lo cierto es que se quedaba con ese dinero para fines desconocidos. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado mantienen que el objetivo era, simplemente, defraudar a Hacienda. El técnico de la Agencia Tributaria I.F. apunta en otra dirección, hacia el pago de comisiones a políticos por las adjudicaciones de obras públicas a las constructoras que contrataban a Ortega.

Con multa y sin subvenciones o incentivos

Además de la pena de cárcel, el escrito de calificación de la Fiscalía solicitaba para Ortega multas que sumaban cerca de 1,7 millones de euros, el doble de la cantidad defraudada, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de incentivos o beneficios fiscales o de Seguridad Social durante cinco años. La representante del Ministerio Público no leyó durante sus conclusiones las modificaciones de penas formuladas, ni tampoco ha podido facilitarlas por escrito a este periódico. De haber mantenido el criterio de la rebaja de dos grados sobre la condena inicial, las sanciones quedarían reducidas a la mitad de la cuota defraudada, hasta los 423.599,31 euros, cantidad que se sumaría a los cerca de 850.000 euros más intereses que ya ha abonado en concepto de responsabilidad civil. En total, casi 1,3 millones de euros.

También se ha limitado el periodo para que el constructor Cristóbal Ortega pueda acceder a una subvención o beneficiarse de incentivos o beneficios fiscales, del lustro al año y medio. La Abogacía del Estado y las defensas que se han conformado (la del propio empresario y las de cuatro moduleros) se han adherido al escrito de conclusiones finales del Ministerio Público, que contempla importantes rebajas de pena para los otros procesados que han confesado y para los que, en principio, se pedía seis años de cárcel. 

El juicio ha quedado este viernes visto para sentencia.

¿Qué ha sido más viral en Canarias? ¿El caso Las Teresitas o la supuesta investigación policial contra Iglesias?

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MMI Analytics hizo ayer una radiografía del impacto mediático y social de dos temas de actualidad. Por un lado, la declaración de Pablo Iglesias como perjudicado en el caso Villarejo por el robo de un móvil de una colaboradora, por el que el juez investiga si el robo del teléfono a una asistente del líder de Podemos fue un encargo del Ministerio del Interior del PP.

Por otro, la confirmación de la sentencia que condenaba al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, a su concejal de Urbanismo (siete años de cárcel para cada uno de ellos) y a los dos empresarios de cabecera de Coalición Canaria Antonio Plasencia e Ignacio González por el caso de Las Teresitas

Ambos temas generaron más de 635 menciones geolocalizadas en Canarias el día 28 de marzo, un número que podría incrementarse en un 50% por las cuentas sociales que no tienen activada su geolocalización. De esas 635 noticias o comentario, un 66% se refiere al caso Las Teresitas, mientras que un 34% hace referencia a la actuación presuntamente ilegal dirigida a perjudicar a la formación morada.

El porcentaje es muy similar si lo llevamos a autores únicos, esto es publicaciones o cuentas sociales que generan noticias y menciones. Un 70% se centra en el tema que lleva a la cárcel a Miguel Zerolo, mientras un 30% se dirige al robo del móvil del asistente de Iglesias y sus derivadas.

Canarias Ahora / eldiario.es y Mírame TV son los medios más virales (más compartidos por los usuarios de redes sociales) en relación al caso Teresitas. También vuelve a ser Canarias Ahora, en unión de InfoLibre y El País, el más viral en torno al que afecta a Pablo Iglesias y Podemos.

MMI Analytics es una empresa canaria fundada en 1992, con proyección internacional desde 2005 y con presencia en mercados de América Latina (Colombia, Panamá y El Salvador), España (Canarias y Navarra) y África. Declarada por el ICEX como "caso de éxito de internacionalización", cada día 400 clientes y cerca de 2.000 usuarios acceden hoy a sus herramientas de análisis y seguimiento de medios de comunicación y sociales.

Coalición Canaria se aguanta las ganas de disculparse por La Teresitas

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Coalición Canaria pidió una prórroga en abril de 2017 cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, entre otros, a siete años de prisión por el caso de Las Teresitas. El tiempo adicional se ha agotado porque lo que dijo entonces José Miguel Barragán, secretario general de la formación, era que Coalición Canaria pediría disculpas cuando la sentencia de caso fuera firme. Este jueves fue notificada a las partes tal firmeza y en ese partido se están aguantando las ganas de disculparse ante la ciudadanía.

Cuando Barragán pidió esa prórroga, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y su exconcejal en los tiempos gloriosos de los pelotazos de libro en la ciudad ya habían sido apartados de la militancia del partido por otras condenas que ya eran firmes. Zerolo, por el caso García Cabrera, por el que fue condenado a ocho años de inhabilitación por el Tribunal Supremo, bajo cuyo aforamiento lo protegió Coalición Canaria cuando abandonó el Ayuntamiento de Santa Cruz. Parejo abandonó el partido cuando se confirmó su condena por el caso Mamotreto, por el que tuvo que cumplir uno y medio -de los dos años de cárcel a los que fue condenado- en la prisión Tenerife II.

Asombrosamente, los estatutos de CC, según explicó hace dos años Barragán, solo contemplan la baja en la formación cuando sobre el afiliado en cuestión pesa una condena firme por casos de corrupción, lo que ya había sido aplicado para los dos altos cargos por sus respectivas sentencias. Pero esas condenas y los hechos probados relatados en la sentencia de Las Teresitas dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no fueron suficientes para que el partido que más tiempo ha gobernado en Canarias desde el advenimiento de la democracia pidiera disculpas a los administrados.

Es una tarea muy complicada, hay que reconocerlo, porque tal gesto no podría ceñirse exclusivamente a los hechos concretos relatados en esta sucesión de sentencias condenatorias por corrupción, sino que habría de extenderse a todo un comportamiento sostenido a lo largo del tiempo.

Efectivamente, todas las condenas están referidas a su modo de operar en la isla de Tenerife desde la creación de ATI, el germen de Coalición Canaria. Ese régimen ha incluido por supuesto a la cúpula del partido, a dos empresarios poderosos (Antonio Plasencia e Ignacio González), a CajaCanarias antes de su desaparición como tal y a un medio de comunicación concreto, El Día, durante la larga etapa en la que fue manejado por su ya fallecido editor, José Rodríguez Ramírez.

Y el ejemplo palmario de su modo de operar es el caso de Las Teresitas, calificado por la justicia como “un pelotazo de libro”. Tras la filtración de una sentencia del Supremo sobre la calificación urbanística del frente de playa de La Teresitas, los dos empresarios del régimen se hacen con unos terrenos que luego se demostró que eran de titularidad municipal. Con la amenaza de una urbanización agresiva y la excusa de salvar la playa para el goce y disfrute de los santacruceros, el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo, apoyado por toda la Corporación, a la que previamente había aleccionado, firma un convenio con la empresa de los dos empresarios de cabecera: les compra el frente de playa por un precio tres veces superior al que había sido valorado por una técnica municipal, la arquitecta Pía Oramas, hermana de la eterna diputada de CC Ana Oramas. Y, por si fuera poco, Zerolo promueve una recalificación urbanística del barranco que desemboca en la playa, lo que permite a los dos empresarios de cabecera de CC vender los terrenos a la filial inmobiliaria de Mapfre por 90 millones de euros.

Esa operación aparece adornada por acontecimientos tan llamativos como el préstamo de 30 millones de euros que CajaCanarias otorgó a un empleado del empresario Ignacio González que aportó como garantía su nómina de 700 euros y, cómo no, los terrenos objeto del pelotazo.

La operación, lejos de ser censurada por la oposición política y por los medios de comunicación tinerfeños, fue jaleada como si se tratara de un milagro protagonizado por ese prestidigitador de la política que era Miguel Zerolo, considerado entonces la gran esperanza blanca del insularismo isloteñista que encarnaba y encarna todavía hoy Coalición Canaria.

El periódico El Día llegó a publicar 52 editoriales dominicales contra el denunciante del caso, el hoy concejal de La Laguna Santiago Pérez, al que condenó a la muerte cívica publicando que, de haber vivido en la etapa de la monarquía francesa de Versalles, habría sido guillotinado. El clima generado llegó a alcanzar tan alto grado de crispación y de odio, que una mañana apareció la casa de Pérez llena de chapapote de pintura roja en una señal que claramente él mismo identificó como una amenaza.

Para proteger operaciones como la de Las Teresitas se constituyeron grupos de presión y se celebraron multitudinarios almuerzos en el emblemático hotel Mencey donde las fuerzas vivas de Tenerife brindaban por el progreso de la isla por encima de cualquier consideración ética y estética. Y por supuesto, legal.

La oligarquía se conjuraba contra cualquier agresión externa, y como tal entendía la de los ecologistas, la del sanedrín de Las Palmas (muy recurrente) y la de la propia justicia. Todavía hay personas del entorno más poderoso de ATI que se queja de sentencias como la del mamotreto, en la que, según su criterio, solo hubo un error de interpretación sobre un deslinde de costas. Durante años hemos tenido que soportar versiones del pelotazo de Las Teresitas que eran verdaderos insultos a la inteligencia.

A día de hoy, 18 años después del fraudulento convenio que ha acabado en la condena conocida este jueves, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria, no ha querido perturbar a sus empresarios de cabecera reclamándoles los 52 millones de euros que se mamaron con ese pelotazo. Y no lo hará hasta que otra fuerza política sustituya a Coalición Canaria al frente de la Corporación. Tantos años después, que nadie descarte que la empresa condenada no tendrá ni un puñetero euro en ninguna de sus cuentas, que para eso contrata a influyentes abogados expertos en escapismo.

No solo Coalición Canaria se ha resistido a reclamar lo que se le birló a las arcas públicas en una operación que ha quedado completamente al descubierto. En realidad sigue haciendo operaciones con los empresarios que generaron el quebranto patrimonial, o al menos con uno de ellos, Antonio Plasencia, al que dejó hacer y deshacer en las canteras de áridos de Güímar (con otra condena que se resiste a cumplir), y al que ahora trata de beneficiar comprándole por 29 millones un edificio en cuya operación repite los mismos patrones y la misma empresa de tasación de Las Teresitas. O un solar junto al hospital de La Candelaria cuya calificación como aparcamiento echó abajo la validez del Plan General de Santa Cruz, otro homenaje en documento oficial de la corrupción de Coalición Canaria.

La sentencia firme ha llegado 18 años después. Desde hace dos dio comienzo otra causa penal promovida por el mismo denunciante, al que siguen descalificando los mismos de la misma oligarquía, y una parte de los medios de comunicación que defendieron el pelotazo de Las Teresitas y lo consideraron un loco. Si yo fuera Clavijo estaría un poco más preocupado por el caso Grúas.


Bermúdez ahora ordena a la asesoría jurídica que "continúe" con las actuaciones para recuperar los 62 millones de Las Teresitas

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha asegurado este viernes que su decisión de hace dos años de no pedir la ejecución de la sentencia de Las Teresitas hasta conocer el recurso al Tribunal Supremo fue "la opción más segura y prudente".

La sentencia, ya ratificada por el Supremo, condenaba a 33 años de cárcel a los implicados en el caso de Las Teresitas y a indemnizar al Ayuntamiento con 61,6 millones de euros, más intereses, por la compraventa fraudulenta de los terrenos de la playa.

Una vez conocida la sentencia del Supremo, el alcalde José Manuel Bermúdez ha dictado una orden a la asesoría jurídica para que "continúe" con las actuaciones necesarias para recuperar el dinero público. 

Si el Tribunal Supremo hubiera atendido el recurso de los condenados en vez de confirmar la sentencia, "el Ayuntamiento se hubiera visto obligado a devolver las cantidades previamente ingresadas, más los intereses del 3% y posibles reclamaciones por daños y perjuicios", argumenta el Ayuntamiento en un comunicado.

Por eso, en vez de pedir la ejecución de la sentencia, en abril de 2017 el alcalde dictó una instrucción que se sustanció en la adhesión a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal para asegurar "la totalidad" del pago por parte de los condenados.

En ese acuerdo se recogía el escrito de la Fiscalía que indicaba que el importe de las fianzas a los condenados de 26 millones de euros no garantizaba el pago de las responsabilidades civiles impuestas.

La Fiscalía solicitó que se requiriera a todos los condenados que designaran bienes suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones o, en caso de incumplir ese requerimiento, que se acordaran medidas como el bloqueo, retención o embargo de activos y bienes de los condenados.

En su nueva instrucción, el alcalde ordena a la asesoría jurídica que emprenda acciones para recuperar "la totalidad del dinero de Las Teresitas por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros", así como las indemnizaciones que correspondan.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento, Pedro Fernández Arcila, ha mostrado hoy en el pleno municipal su temor a que los condenados se hayan desprendido de bienes y ha preguntado por la documentación sobre las actuaciones municipales para recuperarlo que el mismo grupo de gobierno se había comprometió a entregar en enero.

El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, pidió disculpas por el retraso, achacable a bajas laborales en los servicios jurídicos y entregó la documentación requerida a Fernández Arcila durante el pleno.

Las investigaciones de Lezo en la Audiencia Nacional también salpican a Coalición Canaria

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La adjudicación de las obras del dique de abrigo del puerto de Granadilla (sur de Tenerife) a la UTE en la que se encontraba la empresa SATO, filial de OHL, está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, después de que se descubriera que la operación Lezo tiene bifurcaciones hacia varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias.

Las investigaciones se centran en el que en 2007 era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, al que su partido, Coalición Canaria, apartó sigilosamente de cualquier cargo público cuando la Policía detectó un desmesurado enriquecimiento a raíz de su relación con el caso Fórum Filatélico, que investigaba el juez Garzón y que tuvo en Tenerife una de sus ramificaciones más destacadas.

El Confidencial ha adelantado este viernes que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 indaga acerca de una de las filiales de OHL dentro de la operación Lezo. Se trata de SATO, que en 2007 formó parte de la unión temporal de empresas que se impuso en el concurso de ejecución de la obra del dique de abrigo del puerto de Granadilla, uno de los empeños más incomprensibles de la autoridades de Coalición Canaria, algunas de las cuales tenía relación con la titularidad de terrenos en la zona que luego se convirtió en polígono industrial. La operación alcanzó los 114,5 millones de euros.

Como adelantó este periódico en 2016, Luis Suárez Trenor fue investigado en el marco de la operación Lavandera, que abarcó los años en los que fue presidente de la Autoridad Portuaria (1996-2007). La Policía detectó que manejó "grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida".

Concretamente, entre los años 2000 y 2006, llegó a ingresar cerca de medio millón de euros en sus cuentas, cifra que los investigadores consideran "totalmente atípica" y cuyo origen se desconoce. Pero además, entre los años 2000 y 2003, el también destacado miembro de Coalición Canaria (CC) adquirió cinco vehículos mediante pagos en efectivo por valor de 143.385 euros, cuya contrapartida en cuentas bancarias nunca se encontró.

A los investigadores les llamó poderosamente la atención dos de esas compras, que relacionaron en el tiempo con la presentación ante la Autoridad Portuaria por parte de la empresa Parque Marítimo Anaga del proyecto de construcción de un muelle deportivo en el barrio santacrucero de San Andrés. Y es que las investigaciones se desarrollaron dentro del conocido como caso Fórum, que tenía en la capital dos activos como eran ese puerto y la urbanización Valle Tahodio. La única explicación que los investigadores encuentran en los pagos sin recurrir a transferencias o cheques es que el origen de esas cantidades pudiera ser ilícito.

La aparición de estas noticias coincide en el tiempo con la ratificación de las condenas por el caso Las Teresitas, por las que habrán de ingresar en prisión el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, quien fuera su concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, muy vinculados a millonarias operaciones promovida por Coalición Canaria.

Para colmo, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se encuentra incurso en dos investigaciones judiciales en los juzgados de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos, ambos nacidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de esa ciudad.

El Supremo manda a la cárcel al exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo por el caso de Las Teresitas

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El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condenó al que fuera alcalde de la capital en 2001, Miguel Zerolo, que acabó su carrera política como senador por Coalición Canaria. Igualmente se confirman las condenas al exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; al exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y al exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, todos ellos de Coalición Canaria, así como a los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas al Ayuntamiento por importe de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros), cuando el precio de tasación de los mismos era muy inferior, según se desprende de informes periciales que fueron valorados por el tribunal, elevándose, en consecuencia, el precio de tasación en perjuicio del Ayuntamiento.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de 7 años de prisión a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, que ya acumulan otras condenas por delitos relacionados con la corrupción; de cuatro años y 6 meses de prisión a Juan Víctor Reyes; cuatro años de prisión a José Tomás Martín González, y a la pena de cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad, así como a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a los intervinientes en la operación citados, según ha informado este jueves el Tribunal Supremo.

La sentencia del Supremo confirma la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alterando el precio del valor real de los mismos, con perjuicio a las arcas municipales, y mediante las operaciones llevadas a cabo, que, además, de quedar incursas en el delito de malversación, con la agravante de la notoria gravedad de los hechos por el perjuicio causado al Ayuntamiento, es constitutivo de prevaricación por las resoluciones dictadas a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido. El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.

A pesar de que la primera sentencia resultó condenatoria, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siempre en manos de Coalición Canaria, no ha hecho jamás el más mínimo intento por recuperar los 52,5 millones de euros que pagó por el frente de la playa de Las Teresitas a los empresarios de cabecera del partido, Ignacio González y Antonio Plasencia. Ambos se embolsaron un pelotazo de 150 millones de euros porque, además de la compra-venta, el convenio urbanístico incluyó la recalificación urbanística de los cercanos suelos de Valle de Huertas, que vendió a Mapfre por 16.000 millones de pesetas, unos 96 millones de euros.

El denunciante: "La Fiscalía fue mi último recurso"

"A ninguna persona de buena voluntad le agrada que se le imponga a nadie una pena privativa de libertad, pero mi denuncia ante la Fiscalía fue el último recurso que me quedaba para evitar una pérdida millonaria para el Ayuntamiento de Santa Cruz", ha declarado este jueves a Canarias Ahora el denunciante de Las Teresitas, el concejal lagunero Santiago Pérez, por entonces secretario general del PSOE en Tenerife.

Efectivamente, Pérez intentó parar el convenio de Las Teresitas, primero presentando alegaciones ante el Ayuntamiento y luego mediante un recurso contencioso-administrativo que resultó derrotado por considerar el tribunal que era un acto administrativo no recurrible. Finalmente acudió a la Fiscalía.

Santiago Pérez es también el denunciante del caso Grúas, que en estos momentos sitúa bajo sospecha al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por su gestión del servicio municipal de retirada de vehículos de La Laguna mientras fue concejal y luego alcalde de esa ciudad.

Tras la sentencia firme del Supremo, acaba la vía jurisdiccional del caso de Las Teresitas, por lo que en cualquier momento se puede ordenar la prisión para los condenados. Sólo les cabe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero esa vía no paraliza la ejecución de sentencia.

Coalición Canaria limita sus disculpas por Las Teresitas a lo que dijo Clavijo en 2017: “Fue una incorrecta gestión”

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Pleno del Parlamento de Canarias del 9 de mayo de 2017: en respuesta a una pregunta del Partido Socialista, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pide disculpas como afiliado de Coalición Canaria “por la incorrecta gestión de los recursos públicos” que realizó su partido en el caso de Las Teresitas. 29 de marzo de 2019, con la sentencia firme tras la ratificación por el Tribunal Supremo, el secretario general del partido, José Miguel Barragán, remite a este periódico a esos mismos extremos: “Asumimos las disculpas ahora en los mismos términos en los que se planteó en su momento en el Parlamento”.

¿Y cuáles fueron los términos que empleó Fernando Clavijo en ese pleno parlamentario en el que fue interpelado por la diputada Patricia Hernández? Consultado el diario de sesiones de la Cámara, se observa que la posición del presidente del Gobierno tuvo tres fases. En la primera trató de separar la gestión de su partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la del Ejecutivo actual: “Nada tiene que ver el Gobierno con la sentencia de Las Teresitas, nada tiene que ver el Gobierno con lo que se realizó. Con lo cual, yo entiendo que la única finalidad de su pregunta y de su intervención es, un poco, salpicar, tratar de salpicar a aquellos que no hemos tenido absolutamente nada que ver con ese asunto”, recriminó a la diputada Hernández.

Sin embargo, consciente de que la actual consejera de Hacienda, Rosa Dávila, era teniente de alcalde y responsable de Recursos Humanos del equipo de Miguel Zerolo en el momento del pelotazo de Las Teresitas, Clavijo extendió las responsabilidades a todos los concejales: “Le recuerdo que su partido político votó a favor en julio de 2001 de la operación; su partido político, porque fue aprobado por unanimidad”. Es cierto: el PSOE en el Ayuntamiento votó a favor del convenio urbanístico que daba el pistoletazo de salida a la operación urbanística, a pesar de la prohibición expresa que hacia ellos cursó el secretario general socialista en Tenerife, a la sazón Santiago Pérez, quien acabaría denunciando el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, ocasionando que algunos de sus compañeros resultaran imputados en las pesquisas, aunque exonerados al final de la causa tras no poder acreditarse el cohecho.

La tercera fase del discurso de Clavijo fueron las disculpas propiamente dichas, que literalmente se pronunciaron así: “Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, mire, lo que es evidente es que ha habido una incorrecta gestión de los recursos públicos y yo, como afiliado a Coalición Canaria, pido disculpas, no me duelen prendas en pedir disculpas porque ha habido una incorrecta gestión de lo público, y es evidente que antes no había una sentencia y ahora hay una sentencia”, en referencia a la emitida en 2017 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Por si fuera poco, Clavijo acabó su intervención porfiando a la diputada socialista Patricia Hernández, quien había formado parte del Gobierno como vicepresidenta gasta tan solo cinco meses antes: “Me gustaría saber también, porque como bien sabe la sentencia no es firme y cabe recurso, que si el Supremo no le da el visto bueno a esa sentencia y la revierte, si también volverá a pedir disculpas públicamente. Yo lo he hecho, y lo he hecho aquí, en esta Cámara. Mi pregunta es: ¿será capaz de hacerlo usted?”

La sentencia ha sido finalmente condenatoria y los principales encartados tendrán que ingresar en prisión en cuanto se pongan los procedimientos legales para la ejecución del fallo del Supremo.

Coalición Canaria sigue sin pedir disculpas.

El juez Lis tarda 75 meses en expulsar de una causa a la acusación popular a la que hizo caso en todo

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Acuciado por una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por retardo malicioso, el polémico juez Rafael Lis, titular de Instrucción 3 de Arrecife de Lanzarote, ha resuelto tres años y tres meses después de interpuesto un recurso promovido por una de las personas encausadas en el llamado caso Centros Turísticos. Y la resolución no puede ser más sorprendente porque en ella Lis expulsa del procedimiento a la acusación popular que ha sido su báculo y su guía, la Asociación Jiménez de Asúa, una suerte de congregación jurídica dedicada a perseguir por todos los juzgados al denunciante principal del caso Unión, Carlos Espino, en nombre de los empresarios que se han visto envueltos en el mismo. Lis descubre ahora que nunca debió haber permitido la personación de Jiménez de Asúa, y lo descubre a poco más de dos meses de que tenga que abandonar la carrera judicial por jubilación forzosa, una gracia que le concedió el Consejo General del Poder Judicial cuando ya estaba incurso en un expediente por falta muy grave que supuso su suspensión como juez durante seis meses.

Rafael Lis no quiere abandonar la carrera judicial por la puerta de atrás, y menos cuando falta tan poco para jubilarse y cuando tiene ante sí la posibilidad de presidir uno de los juicios más apetecibles de su carrera: el que habrá de juzgar al juez Salvador Alba Mesa por la comisión de cinco presuntos delitos cometidos cuando conspiró contra la magistrada Victoria Rosell. Su inclusión en el tribunal se produjo casi de carambola, después de una sucesión de renuncias y de recusaciones que coincidieron en el tiempo justo con el final de los seis meses de sanción que acabó de cumplir en noviembre de 2018.

Tras su reincorporación al Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife Lis descubrió cómo la jueza que lo sustituyó había revocado, bien motu proprio o bien por indicaciones de la Audiencia Provincial, gran parte de sus resoluciones, la mayoría de la cuales respondían a peticiones de la ahora expulsada Asociación Jiménez de Asúa, a la que Lis aceptó prácticamente todas las prácticas de prueba. Incluida la desorbitada fianza de 1,5 millones de euros que impuso al investigado Carlo Espino, denunciante principal de la trama del caso Unión en la que figura como acusado precisamente un cliente del despacho que montó Rafael Lis durante el paréntesis en el que abandonó voluntariamente la judicatura para dedicarse abiertamente a los negocios privados. Un cliente, Juan Francisco Rosa, al que dejó personar en una causa que le era ajena y en la que apareció como representante jurídica la que entonces era su esposa, la letrada Margarita Alejo, que cada 14 de febrero seguía recibiendo en su celular llamadas de amor del juez del que decía haberse separado.

Después de haber atendido con contumacia todas las exigencias de la Jiménez de Asúa, el juez dice ahora de ella que “la citada asociación expone como motivo de su solicitud de personación ‘el afan de actuar en beneficio de la legalidad y del principio de igualdad de cualquier ciudadano ante la Ley, alterado presuntamente por los hechos de esta causa’, sin embargo no concreta en qué se manifiesta tal alteración o falta de trato igualitario”. Unas carencias que Rafael Lis no apreció cuando acordó la personación de esa agrupación protectora de los imputados por corrupción de Lanzarote.

Tampoco satisface ahora a Lis que la asociación haya dicho hace más de tres años que se incorporaba al procedimiento para defender la legalidad, algo que el ordenamiento jurídico español atribuye sin más alharacas al Ministerio Fiscal en su Estatuto Orgánico, algo que ahora resalta el instructor. Lo que, por el contrario, no recogen los estatutos de la Jiménez de Asúa, como también refleja en su auto el polémico juez: “Si acudimos a los estatutos aportados en su momento comprobaremos que esos mismos fines resultan igual de vagos y no reflejan interés subjetivo específico que nos permita admitir su personación en este proceso como nueva acusación popular al margen de la que ya existe”.

Rafael Lis despacha este asunto 75 meses después amenazado por una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial formulada por Mario Alberto Perdomo, una de las personas que el polémico juez mantiene como investigada en la causa de lo centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, abierta a raíz de una denuncia de la lideresa local del PP contra sus adversarios del PSOE. La denuncia, admitida a trámite, relata lo que los denunciantes consideran retardo malicioso, lo que puede resolvere bien con una multa, en caso de falta leve, o con una suspensión, en el caso de falta grave. Lis tiene amplios antecedentes en el órgano de gobierno de los jueces por su comportamiento en estos años previos a su jubilación tras su paso por el ejercicio privado de la abogacía.

Contra la Fiscalía y contra la Audiencia Provincial

No es la de los centros de Arte y Cultura del Cabildo la única causa que tiene al juez Rafael Lis en boca de todos en la isla de Lanzarote. Su instrucción de la causa que se sigue por blanqueo de capitales contra Pedro de Armas, quien fuera hombre fuerte de la política conejera en la primera década de este siglo bajo las siglas del Partido Nacionalista de Lanzarote, ya fenecido. Las profusas investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no parecen haber conmovido especialmente al juez en cuestión, que ya ha hecho tres intentos por archivar la causa en contra de los reiterados requerimientos de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la Fiscalía.

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