Los 120 trabajadores de la empresa municipal Sagulpa, propiedad al 100% del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, iniciarán este miércoles una huelga indefinida para protestar por el estancamiento en la negociación colectiva y por considerar que el concejal responsable del área, José Eduardo Ramírez (Nueva Canarias), “quiere convertir esto en su cortijo particular”, según ha informado un dirigente sindical a este periódico.

La huelga vendrá acompañada este mismo miércoles de una manifestación en la que los trabajadores pedirán la dimisión de ese concejal y la realización de una auditoría por parte del Ayuntamiento para comprobar lo que los representantes sociales consideran continuos tratos de favor en el servicio de grúa y depósito de coches retirados de la calle por infracciones, y para que se investigue “a fondo” el papel desempeñado durante el anterior mandato (mayoría absoluta del PP) por la firma Invertia, de la que es titular Luis Soria, hermano del dimitido ministro José Manuel Soria, hoy apartado de la vida política.

Los trabajadores aseguran tener noticias concretas de propietarios de coches que gozan de privilegios en determinados aparcamientos que explota Sagulpa, así como condonación de sanciones por retirada de vehículos depositados en el potrero de El Sebadal. Pero no cuentan con pruebas documentales por ser de imposible consecución, afirman, “a no ser que se haga una auditoría”.

En cuanto a la firma Invertia, de Luis Soria, sostienen que durante la anterior etapa de mayoría absoluta del PP fue contratada para la realización de un trabajo sobre percepción de la zona azul por parte de los usuarios, estudio que aseguran no haber visto. Además, insisten los representantes sociales que se realizaron cursos de formación a los que no acudieron trabajadores de la empresa y sí “gente de fuera”.

Sus apreciaciones sobre el concejal responsable del área de Movilidad, José Eduardo Ramírez, son muy variadas. Le acusan de pretender comprar un local en la Avenida Marítima “cuando hay espacio de sobra para despachos en La Favorita”; de querer contratar a un jefe de personal “que en realidad va a ser un gerente camuflado” y de permitir una gestión del potrero al que acuden ciudadanos a comprar repuestos, lo que les hace sospechar que existen rumores de que se están desguazando coches para venderlos por piezas.

También critican que el actual consejero delegado, Octavio Cantero, continúe desempeñando el cargo de consejero delegado a pesar de haber caducado estatutariamente el pasado 26 de abril.

El Ayuntamiento no ha informado sobre la fijación de servicios mínimos, lo que significa que si la huelga es seguida mayoritariamente por los trabajadores, a partir de este miércoles no habrá control sobre las zonas de aparcamiento ni servicio de grúa y potrero.

La distintas versiones de los testigos del juicio del denominado caso Ladrillo, que juzga la supuesta agresión de un subinspector del Cuerpo General de la Policía Canaria a un agente, para luego endosar la misma a un detenido, han quedado reflejadas en la segunda sesión celebrada este martes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El subinspector Carmelo Martín S.D. ha vuelto a sentarse en el banquillo junto a su asistente en el momento en el que tuvieron lugar los presuntos hechos, Luis Jesús R.M. y el agente denunciante sobre el que recae a su vez un delito de falsedad documental, Horus L.C. El cuarto acusado, Francisco de Asis P.G. no acudió a la Sala después de que el juez Emilio Moya se lo permitiera tras manifestar el lunes una serie de dolencias en la espalda.

Las dudosa validez de algunas pruebas recopiladas ha hecho que las declaraciones de los testigos cobren especial relevancia en el caso, por el que la Fiscalía pide penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación por los delitos de falsedad documental, atentar contra los derechos de los trabajadores y lesiones.

Una de las intervenciones más esperadas de la jornada fue la del comisario del Cuerpo, Luis Santos Jara, que fue llamado a declarar por la defensa del subinspector, que trató de sonsacar la relación de hostilidad que reinaba en la base de Gran Canaria. Durante su intervención, Santos Jara señaló que antes de que se interpusiera la denuncia del caso ante la Justicia no había recibido quejas sobre Carmelo Martín S.D. por parte de los sindicatos y añadió que incluso durante un encuentro en el que estaba presente Horus L.C. se había hablado bien de él.

Sin embargo, una vez el caso llegó a la Justicia, aseguró que la base de Gran Canaria se hizo “imposible, un infierno” atribuyendo esta situación a la presión sindical. En ese sentido, lamentó que Luis Jesús R.M. se fuera el Cuerpo, puesto que era “un buen funcionario” y en referencia a Carmelo Martín S.D., actualmente de baja, manifestó que “la presión que ha aguantado ese hombre es inaguantable”.

De esta forma, Santos Jara abrazó la teoría de una conspiración sindical contra el subinspector al considerar que tanto Horus L.C. como Francisco de Asis P.G. se habían autoinculpado y habían destapado el caso ante la Justicia por “hacer daño”. Asimismo, no recordó las conversaciones resultantes de los pinchazos telefónicos que obran en la causa, en las que se recogen declaraciones suyas en las que se refiere a esbozar ante el juez que “esto es una persecución”.

El comisario admitió que no supo lo que había ocurrido hasta días después, puesto que en el momento en que el caso salió a la luz se encontraba de viaje y reconoció que envió a un inspector que mantenía contacto continuo con el principal acusado a indagar en lo que había ocurrido. Una vez en Gran Canaria, Santos Jara se entrevistó con el subinspector y su asistente antes de hablar con el policía denunciante, al que negó haber amenazado.

La investigación interna llevada a cabo por la Policía Canaria, cuyos resultados se desconocen, fueron puestos en duda por la defensa del denunciante, así como la forma en que el Cuerpo fue cumplimentando la información que le requería la Guardia Civil.

Sobre este último aspecto, destacó la versión del oficial al cargo la noche en que sucedieron los hechos, quien dijo que el parte de incidencias en el que queda reflejado que Horus L.C. fue agredido– que fue remitido al Juzgado con tres meses de retraso - no se hizo el mismo día, sino posteriormente y se envió al subinspector cuando éste lo requirió.

La presión sindical quedó ratificada por el agente de la Guardia Civil que instruyó el atestado, en cuyas conclusiones destacó que Horus L.C. llevaba a cabo una intensa labor sindical.

Sin embargo, dicha hostilidad fue contrarrestada por las defensas de los denunciantes con las declaraciones de varios agentes, que describieron a Carmelo Martín S.D. como una persona que alardeaba de los contactos que tenía y amedrentaba a los cargos inferiores mediante vejaciones, algunas de las cuales están denunciadas ante la Justicia.

Sin lesión antes, con una herida en el cuello después

La mayoría de los agentes que trabajaron la noche de la final de murgas del Carnaval de 2013 de Las Palmas de Gran Canaria llamados a declarar respaldaron la versión de Horus L.C. al afirmar que durante la intervención llevada a cabo la madrugada del 10 de febrero el agente no sufrió lesiones, por lo que no necesitó acudir al hospital.

El propio detenido, que llegó a la Sala esposado y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, aseveró que él no había agredido a nadie y que no había podido provocarle las heridas del cuello, puesto que carecía de algunas uñas. En este punto, denunció que durante la actuación policial le propiciaron “porrazos”, le hicieron una maniobra llamada “mataleón” y le pusieron una bota en el cuello y le amenazaron con endosarle “resistencia” o “atentado” contra la autoridad. Esto último no quedó aclarado, puesto que relacionó ambas palabras.

Todos los agentes implicados mantuvieron dicha versión, excepto el oficial que estaba al mando en la intervención, quién no estuvo presente durante la detención y aseguró que fue Francisco de Asis. P.G. quien le trasladó en el mismo Parque de Santa Catalina que un policía había sido agredido, por lo que habían procedido a arrestar al individuo por atentado contra la autoridad.

Sin embargo, dicho oficial afirmó que no vio a nadie lesionado durante la intervención, al igual que otros seis agentes, quienes confirmaron haber visto a Horus L.C. una vez salió del despacho de Carmelo Martín S.D. con la herida en el cuello. Algunos aseguraron que el policía les reveló que había sido el subinspector el que le había agredido, aunque todos coincidieron en que el comportamiento de su compañero era extraño. “No respondía”, “no atendía”, “tenías los ojos llorosos”, “su cara estaba roja”, son algunas de las descripciones que dieron del agente tras lo supuestamente sucedido.

Uno de los policías que intervinieron en la detención aseguró además que, una vez en la base, el subinspector no le permitió figurar en el atestado, pese a habérselo solicitado.

Uno a uno, el abogado defensor del subinspector trató de sonsacar la relación de los agentes con el superior y éstos le confirmaron que en esa época pertenecían al sindicato Cobas.

El hombre que vio las cámaras

Otro de los testigos clave del caso fue el policía que visionó las cámaras de seguridad junto a Carmelo S.D. y un inspector antes de que las imágenes se perdieran y de las que supuestamente quedan unas instantáneas captadas por este último, que no supo decir si la fecha de las fotografías era la correcta.

El mencionado policía dio fuerza a la versión del denunciante al describir que las cámaras mostraban cómo Horus L.C. había entrado al despacho junto a Carmelo Martín S.D. y Luis Jesús R.M., cómo las luces de la habitación se habían apagado y cómo los tres habían salido de la habitación.

La defensa del subinspector trató de contrarrestar su declaración con la del vigilante de la base, quien afirmó que la falta de luz del despacho no se puede apreciar por el monitor.

El juicio continuará el jueves con las exposiciones finales de la Fiscalía y de las defensas de los acusados. 

Una empresa de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno hasta este lunes y cabeza de lista del PP en las elecciones europeas del 25 de mayo, desembolsó más de 240.000 euros en noviembre de 2011 para evitarle un juicio por homicidio imprudente en Gran Canaria, al que se enfrentaba como presidente del consejo de administración de Petrologis Canarias SL, filial isleña de Ducar SL, la empresa petrolera también presidida por el entonces diputado por Cádiz, a causa de un grave accidente laboral con un fallecido.

En febrero de 2010, un incendio generado durante unos trabajos de reparación de un tanque de almacenamiento de combustible en el Puerto de La Luz y de Las Palmas acabó con la vida de Jonathan Hernández Rodríguez y provocó graves lesiones a Gonzalo Suárez Santana. Los dos operarios se encontraban en la cesta de una grúa, a unos 17 metros de altura, haciendo trabajos de soldadura en el exterior de un depósito grande de fuel, cuando las chispas prendieron unas toallas tiradas en el suelo con las que previamente se había limpiado parte de una fuga de fuel.

La combustión fue inmediata, ascendiendo el fuego por el brazo de la grúa hasta alcanzar la cesta donde soldaban Jonathan y Gonzalo. Envueltos en llamas, el primero cayó al vacío y el segundo se quitó el arnés, casi a ciegas entre el fuego y el humo, y se deslizó por el brazo de la grúa, sufriendo gravísimas quemaduras. Jonathan falleció al día siguiente, en el hospital Doctor Juan Negrín, mientras que Gonzalo estuvo 45 días sedado, con graves lesiones: quemaduras en el 17% de su cuerpo, sin visión en un ojo, pérdida del pabellón auditivo izquierdo, sin sensibilidad en la mano izquierda... la Justicia le concedió en mayo de 2011 una pensión de 2.500 euros mensuales, para que pudiera hacer frente a su recuperación. Había pasado ya por diez operaciones y le quedaban por delante otras tantas.

El accidente de aquel 24 de febrero de hace cuatro años causó pánico en el barrio portuario de Las Palmas de Gran Canaria. El miedo entre los vecinos de La Isleta y los trabajadores del polígono industrial de El Sebadal a que los inmensos tanques de fuel explotaran corrió como un reguero de pólvora, aunque Petrologis se apresuró a garantizar mediante una nota que en ningún momento se corrió el riesgo de que el fuego llegara al combustible almacenado en el interior del tanque en reparación, y que el incendio quedó bajo control en 15 minutos, dada la cercanía de un puesto de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, en el mismo barrio portuario de La Isleta.

Sin embargo, en el transcurso de la instrucción se detectaron irregularidades en materia de seguridad laboral que apuntaban directamente a la empresa presidida por Arias Cañete, en la que, según datos del Registro Mercantil, mantiene 23.585 participaciones valoradas en 160.979 euros después de haber dejado la presidencia del consejo de administración el 20 de enero de 2012, al entrar en el gabinete de Mariano Rajoy.

Petrologis Canarias SL fue filial de Ducar hasta septiembre de 2008, momento en que adquirió vida propia, presidida por Arias Cañete hasta su renuncia al ser nombrado ministro.

La investigación determinó que había indicios de delitos contra Petrologis, cuanto menos contra su delegado local, Octavio Parada Artiles, por homicidio imprudente, lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ante la ausencia de acusación pública -el fiscal de siniestralidad laboral sostuvo que todo fue una imprudencia del fallecido, a la sazón jefe de operaciones de la petrolera, y no había motivos para imputar al empresario- ni particular al llegar las partes a un acuerdo indemnizatorio, por imperativo legal, el juez instructor decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones justo antes de las vacaciones de verano pasado, el 31 de julio de 2013, dado el principio acusatorio vigente en el procedimiento penal español.

La acusación particular desistió de sus acciones penales inmediatamente después de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, que dieron el triunfo al PP. Los padres del fallecido aceptaron la indemnización ofrecida por Petrologis, a través de la aseguradora Chartis Europe SA, de 73.334 euros, a los que se sumaron otros 36.666 euros, de Air Llama Universal, mercantil que prestó servicios para los trabajos de soldadura a la compañía de almacenamiento de fuel. El acuerdo con los padres de Jonathan se alcanzó el 25 de noviembre.

Tres días antes, el martes 22 posterior al domingo electoral, el representante legal de Gonzalo Santana renunció a seguir adelante contra Petrologis y a su intención desde marzo anterior de que se llamase a declarar como imputado a Arias Cañete, como presidente de la petrolera, -el caso hubiese pasado a manos del Tribunal Supremo por su condición de diputado- y no solo al delegado local de la empresa, como había solicitado ya el fiscal para "aclarar" la cadena de mando y las órdenes dadas a la hora de ejecutar la soldadura de las grietas del tanque.

La indemnización al superviviente del accidente mortal ascendió a 255.000 euros, 85.000 euros de Mapfre en nombre de Air Llama y 170.000 euros a través de la aseguradora de Petrologis, Chartis Europe SA.

Indicios de negligencia empresarial

La compañía petrolera, después de más de un año y medio de instrucción, se había personado el día 8 de ese mes de noviembre de 2011 únicamente como presunto responsable civil subsidiario, y no como perjudicada por el fallecimiento del trabajador, lo que en principio pretendió la mercantil presidida entonces por Miguel Arias Cañete, cuyas decisiones a la hora de dotar de seguridad a su empresa petrolera del puerto grancanario quedaron cuestionadas.

Así, de la investigación se dedujo una serie de indicios sobre el modo de actuar de la petrolera, sobre el papel en los despachos y no a pie de obra, que habrían alimentado el riesgo de accidente, de ese mismo siniestro o de peligros anteriores o futuros. Por ejemplo, que la empresa contratada para realizar la soldadura en caliente, Inoxgilpe SLU, no tuviera la acreditación para reparar productos petrolíferos líquidos, en un presunto ahorro decidido por parte del consejo de administración de la mercantil en ese contrato, o cuando menos por su delegado local sin evacuar consultas a más altas instancias, a diferencia de anteriores acuerdos firmados con Felguera SA.

Además, quedó patente la ausencia de un protocolo de coordinación entre subcontratadas para tener conocimiento de los medios de prevención de riesgos y extinción de incendios, no solo por parte de los trabajadores de la petrolera. La inspección de la Seguridad Social así lo evidenció y sancionó sólo a las subcontratas.

Incluso salió a relucir la insuficiencia de personal a la hora de ejecutar el trabajo, con un solo empleado más, David Quesada, tanto a los mandos de la grúa auxiliar como en funciones de bombero, cerca de la manguera. “Bloqueado” al ver caer desde la cesta a Jonathan, como aseguró en su testimonio, ni pudo separar la cesta de la grúa del tanque que ardía por su exterior, ni reaccionar con rapidez con la manguera.

A más abundamiento, hasta la tubería del sistema contraincendios estaba deteriorada y hubo indicios de que carecía de la presión suficiente para llegar desde el suelo a la altura de unos 17 metros que habían alcanzado las llamas, donde se encontraba la cesta de la grúa con los dos operarios.

Tampoco estuvo a la altura de un sistema contraincendios el rociado de agua desde la parte superior del tanque. Su mecanismo no funcionó correctamente por lo que después se pudo descubrir: la tubería tenía una grieta grande por donde se escapaba el agua. Ni siquiera el cañón de agua más cercano al tanque resultó adecuado para llegar a la altura donde se quemaban irremediablemente Gonzalo Santana y Jonathan Hernández.

Todo quedó finiquitado con 365.000 euros de indemnización, de los cuales unos 240.000 euros corrieron a cargo de la petrolera presidida por Miguel Arias Cañete, sin que los indicios de delito por negligencias achacables al empresario y no al trabajador fallecido por muy imprudente que fuera, pudieran ser objeto de debate y contradicción en el correspondiente juicio oral contra la compañía del ya por entonces ministro.

La petrolera del exministro y cabeza de lista del PP al Parlamento europeo, Miguel Arias Cañete, infringió toda norma mínima de seguridad en el incendio mortal que en febrero de 2010 acabó con la vida de un obrero en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, durante los trabajos de soldadura en un depósito de almacenamiento de combustible que provocó una muerte y graves lesiones de por vida a otro empleado, cuyo juicio penal evitó en 2011 la empresa de Cañete por medio de fuertes indemnizaciones a los afectados.

El informe llevado a cabo en su momento por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social concluyó que la mercantil Petrologis Canarias SL, presidida entonces por Cañete, realizó esos trabajos de soldadura a raíz de detectar una fuga de fuel "sin proteger la caída de escoria candente, procedente del equipo de soldadura, lo que produjo al entrar la misma en contacto con material combustible e inflamable el incendio" que provocó el accidente mortal.

Así se recoge por parte de la Inspección de Trabajo en el relato y conclusiones del accidente en el puerto grancanario, infringiendo una serie de normas de seguridad de obligado cumplimiento referentes a que no se garantizó la protección de los equipos de soldadura ni sus proyecciones -hacia dónde podrían saltar las chispas, finalmente letales- y el consiguiente grave riesgo contra la salud de los trabajadores, además de las precauciones que se debían haber tomado antes de la utilización de estos equipos de soldadura, para cerrar la grieta detectada en el depósito.

El informe de Trabajo se detiene, exhaustivamente, en los antecedentes del incendio, ya que la grieta en el depósito de combustible se detectó dos días antes del siniestro mortal, y a lo largo de esas 48 horas previas, varias empresas subcontratadas por Petrologis se dedicaron a limpiar, en teoría, el combustible derramado en las paredes exteriores del tanque. Fueron precisamente unas toallas empapadas de fuel las que prendieron las chispas letales de la soldadura, después de que la petrolera decidiera vaciar el tanque hasta por debajo del punto de la fuga.

"No se había limpiado la pared vertical del tanque [dos días después de la fuga, cuando saltaron las chispas letales], ni retirado las toallas", informó el inspector de Trabajo sobre el suceso del 24 de febrero de 2010, que tanta conmoción provocó, en ese momento, en Las Palmas de Gran Canaria. "Dicha infracción genera un riesgo grave", apunta el informe, ya que el bajo punto de inflamabilidad del desengrasante que quedaba en las toallas empapadas y el fuel restante en las paredes del tanque, "la probabilidad de incendio es inminente con la escoria candente que se desprende de los trabajos de soldadura", sin protección alguna ante ese riesgo evidente.

Además, sobre Petrologis Canarias SL, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social también constató que con respecto a su trabajador fallecido no se había acreditado formación en el manejo de la cesta elevadora de la grúa contratada para acceder a la zona donde se había producido la grieta, una infracción más tipificada como grave, aunque como el resto, se aplicó el grado mínimo, por las circunstancia agravante de los daños sufridos por los trabajadores.

La pericial de Trabajo y Seguridad Social detectó, además, que los sistemas contraincendios de Petrologis no tenían un mantenimiento adecuado "por personal competente", circunstancia de relieve para el inspector firmante ya que es una "negligencia por parte de la empresa tanto o más incomprensible cuando el tanque había sufrido incendios con anterioridad".

El informe al que ha tenido acceso Canarias Ahora culmina con respecto a la empresa de Arias Cañete con su incumplimiento de la "planificación preventiva ya que no aplicó el procedimiento de permisos de trabajo previo a los trabajos en caliente ya que no consta autorización alguna". Todo ello, en vía administrativa, supuso una propuesta de sanción de casi 100.000 euros.

La causa penal ha quedado en el cajón del sobreseimiento provisional por falta de acusaciones pública o particular, aunque la mercantil, Petrologis Canarias SL, ha recurrido la misma ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, solicitando el archivo definitivo.

Una de las petroleras controladas por la familia política de Miguel Arias Cañete, Petrologis Canarias, empresa que el exministro de Medio Ambiente presidió hasta 2012 y de la que conservó acciones hasta 2014, despidió en enero a su jefe de operaciones después de que el trabajador alertara a la compañía de múltiples deficiencias en materia de seguridad.

Este martes se ha celebrado en el Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria el juicio laboral. El demandante, el ingeniero Fernando Rosillo, pide que el despido objetivo por razones organizativas sea declarado nulo, lo que implicaría su readmisión. También reclama una indemnización por daños morales que cifra en medio millón de euros, resultado de multiplicar su salario por los meses que le restan para poder jubilarse, porque entiende que, tras el perjuicio ocasionado a su imagen y con la crisis actual del petróleo, es "muy difícil" que vuelva a encontrar trabajo.

Rosillo accedió al puesto en marzo de 2010, un mes después del grave accidente laboral que acabó con la vida del anterior jefe de operaciones, Jonathan Hernández. El 24 de febrero de ese año se declaró un incendio durante los trabajos de reparación de uno de los tanques de combustible que la compañía tiene en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. El suceso provocó importantes lesiones a otro operario, Gonzalo Suárez, que sufrió quemaduras en el 17% de su cuerpo y la pérdida del pabellón auditivo izquierdo y de la visión en un ojo.

Petrologis Canarias evitó el juicio por homicidio imprudente tras pactar con las familias de los afectados unas indemnizaciones por las que tuvo que desembolsar 240.000 euros.  El fiscal de siniestralidad laboral atribuyó lo sucedido a una imprudencia del trabajador que falleció y exculpó al delegado de la empresa en las Islas, Octavio Parada. Sin embargo, un informe de la Inspección de Trabajo sobre las causas del accidente reveló que la petrolera infringía en ese momento normas de seguridad de obligado cumplimiento.

Según relata en su demanda, Rosillo se encontró nada más acceder al puesto de trabajo con "innumerables irregularidades" en materia de seguridad, prevención de riesgos laborales, mantenimiento legal y medio ambiente, deficiencias que fue poniendo en conocimiento de la dirección de la empresa para que fueran subsanadas. El nuevo jefe de operaciones detectó, entre otras cuestiones, que la petrolera no disponía de todos los procedimientos exigidos, que los que tenía no estaban adaptados a la normativa y que carecía de contrato de mantenimiento legal contraincendios y de plan de formación para los empleados.  

Asi lo han corroborado varios de los testigos que han declarado en el juicio celebrado este martes. Matías Mayor, director general de Petrocan, filial de Cepsa y cliente de Petrologis Canarias, inició los trabajos para realizar una auditoría a la petrolera entonces presidida por Cañete ante las dudas que se habían generado tras el accidente mortal. "Trabajamos de forma coordinada, cualquier fallo en una petrolera puede afectar al resto", explicó.  Durante la fase previa de muestreo e inspección fueron tantas las irregularidades detectadas que declinó continuar con la auditoría: "Era una enmienda a la totalidad".

Mayor sostiene que la llegada de Fernando Rosillo como jefe de operaciones supuso un "cambio radical" en la concepción de la política de seguridad. "Nos pedía consejos para solucionar los problemas. Se involucró en los simulacros, en los contratos de mantenimiento legal contraincendios, los de alta y baja tensión, en la formación...", detalló el director general de Petrocan, que incidió en que con Octavio Parada "siempre había problemas de seguridad". Las propuestas que elevaba Rosillo se topaban con la negativa de la dirección: "Uno quería trabajar por la seguridad y otro, por la economía".

También admitió que la relación se fue tensando con el tiempo y que las felicitaciones al jefe de operaciones por los avances de la empresa "no sentaban bien" en la dirección.

Al ingeniero industrial Benigno Ramos se le solicitó en enero de 2012 un proyecto para adecuar la instalación contraincendios de Petrologis Canarias. En su primera visita constató que la situación era "crítica desde el punto de vista de la seguridad". Sin embargo, el proyecto se quedó en un informe utilizado como documento interno. "Al poco tiempo de la entrega (finales de 2013), Fernando (Rosillo) me comentó en una de las típicas llamadas de seguimiento que encontraba dificultades para acometer las obras y que la dotación presupuestaria para el sistema de refrigeración era insuficiente", apuntó.

En el juicio de este martes también compareció en calidad de perito Javier Cruz, ingeniero industrial y coordinador del Máster de Prevención en Riesgos Laborales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Del análisis de la documentación y de los correos facilitados por el demandante, Cruz advierte en su informe de la existencia de varias controversias entre el jefe de operaciones y Octavio Parada y concluye que este "frenaba" todo intento del primero por "intentar subsanar las deficiencias en el ámbito de la seguridad laboral", asignándole cuantías insuficientes. A modo de ejemplo, señaló que Fernando Rosillo propuso la instalación de unas líneas de vida ancladas homologadas para cumplir con unas normas específicas y que, de los 12.000 euros planteados, la dirección, partidaria de resolver el problema con unas cuerdas simples, tan sólo consignó 1.500 euros.  

Del petróleo al turismo gay

Fernando Rosillo recibió la carta de despido el 25 de enero de 2016. La empresa justificaba la decisión en razones organizativas, en la necesidad de incorporar otro perfil al puesto. Según explicó Octavio Parada en el juicio, Rosillo tenía un perfil técnico "muy bueno" pero carecía de dotes comerciales. Para el gerente, era importante esta vertiente comercial porque Petrologis Canarias había decidido diversificar su actividad hacia el ámbito turístico, concretamente  a la promoción y explotación de los bungalows del club Tucanes Gay, ubicado en Playa del Inglés, en el sur de la isla de Gran Canaria. 

Parada afirmó que su intención era que el sustituto de Rosillo ("recién salido de la universidad", según la abogada del demandante) le reemplazara a él cuando se jubilara. "Está en fase de entrenamiento. Hace parte del trabajo que hacía Rosillo, pero también se entrena en la parte de operaciones del complejo de bungalows", aseveró.

El gerente de Petrologis negó que hubiera discrepancias importantes con el jefe de operaciones despedido y sostuvo que sólo recordaba una discusión "muy al principio" en relación al accidente mortal y a los procedimientos, aunque si admitió que la empresa tenía un problema con los documentos "por desconocimiento". Sobre la controversia en relación a las líneas de vida, aseguró que se trataba de diferencias "de forma, no de fondo". "Después de que pasara lo que pasó (en relación al accidente mortal), la seguridad se vuelve una obsesión", declaró Parada, que agregó que en esta materia la parte económica "carecía de importancia".

Petrologis Canarias sostiene su defensa en que el demandante no denunció los incumplimientos ante la Autoridad Portuaria ni ante los juzgados y que las quejas u opiniones divergentes no fueron más allá que "las de una mera relación entre un subordinado y un superior jerárquico", sin que mediaran coacciones o amenazas.  La abogada de Rosillo, por su parte, considera que el contenido de la carta de despido "no se sostiene" y que la decisión se adoptó como represalia hacia su cliente porque era "un actor molesto que intentaba cumplir y mejorar la seguridad de la empresa".

En la actualidad, Petrologis Canarias está presidida por Miguel Domecq, cuñado de Arias Cañete. El exministro de Agricultura y Medio Ambiente le cedió el testigo en 2012, tras las elecciones generales, aunque mantuvo sus acciones en la petrolera hasta 2014, cuando fue designado responsable de Cambio Climático y Energía en la nueva Comisión Europea.

El Gobierno de Canarias va a elaborar un estudio sobre el impacto económico en las Islas del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que están negociando Estados Unidos y la Comisión Europea. Y lo hará porque el presidente, Fernando Clavijo, ha mostrado su "mucha preocupación" por un acuerdo con el que, en palabras del diputado Juan Márquez (Podemos), "tendremos mojo de Illinois y gofio de Massachusetts".

"Vamos a recabar toda la información, vamos a elaborar un estudio de impacto económico y estaremos atentos y expectantes", dijo Clavijo.

Y es que Márquez instó tanto al Gobierno como al Parlamento canario a otorgar un "no claro" al TTIP, que abrirá la puerta a la privatización de los servicios públicos básicos, acabará con el Sector Primario y anulará la soberanía de los parlamentos nacionales, y de la Cámara regional, en las negociaciones comerciales que afectan, por ejemplo, al plátano.

Clavijo recordó al diputado de la fuerza morada que el Parlamento no tiene competencias en las relaciones con la UE, que deben ser siempre supervisadas por el Estado, pero reconoció que el TTIP se está negociando de espaldas a la ciudadanía y a los estados miembros y, por tanto, "a las regiones ultraperiféricas", que son más sensibles y necesitan más protección por su vulnerabilidad

Una preocupación que se extiende a otros países, pues recordó su entrevista de hace cinco días con la ministra francesa de Ultramar, George Pau-Langevin, para que las RUP hagan un frente común para garantizar que el TTIP no afectará a estos territorios "fragmentados y débiles".

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo no está dispuesto a que se critique en público las políticas turísticas de las Islas ni se alienten los fallos en el sistema de inspección: "no hablemos mal de la burra, que así no la vendemos".

Así contestó el jefe del Ejecutivo al líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que cuestionó el escaso número de efectivos de inspección turística lo que permite que existan "decenas de miles de camas alegales e ilegales" que, según estimaciones, "suponen un tercio del empleo" en el sector.

"Hay 17 inspectores entre despacho y trabajo de campo en el mejor de los casos y así es imposible estar al día", dijo Rodríguez.

Frente a estas críticas, Clavijo insistió en "no hablar mal de la burra" y aseguró que "prefiero ver la botella medio llena", es decir, fijarse en que los turistas se van satisfechos y repiten una y otra vez sus visitas a las Islas.

Una botella medio llena que también se traduce en que ahora existen el doble de efectivos que en la etapa de Paulino Rivero como presidente en la anterior legislatura: seis inspectores en Las Palmas y siete en Tenerife, además de un jefe de servicio.

Con todo, consideró que el esfuerzo es insuficiente, y que "no vamos a poder llegar a donde nos encantaría, pero poco a poco podemos ir corrigiendo".

El líder de NC no compartió el optimismo de Clavijo, e insistió en que hay que incrementar la inspección turística para acabar con la competencia desleal, la economía sumergida y la explotación laboral, pues la consecuencia es que todos ello “genera mala imagen al destino".

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha insistido en su negativa a que los diputados, de forma individual, visiten los centros de menores de la Comunidad Autónoma, aunque ha propuesto en el pleno del parlamento a que los miembros de la Comisión de Políticas Sociales si lo hagan de forma institucional, con el fin de conocer su funcionamiento.

Según la número dos del Ejecutivo, los diputados deben saber discernir entre controlar al Gobierno y proteger a los menores, y no tienen derecho a visitarlos, tal y como aseguró el pasado 13 de mayo cuando recriminó a la diputada de Podemos, María del Río, que visitara los centros de Tenerife y Gran Canaria.

Estas consideraciones las hizo Hernández en la sesión de control del Parlamento, a instancias del diputado Luis Campos (NC), que criticó la carencia de centros y profesionales adecuados, así como un modelo, para atender a los menores en desamparo y evidentemente, no contó con el apoyo del grupo de Podemos, pues la diputada María del Río insistió en que ha realizado visitas guiadas a los centros para verlos personalmente porque "no todo queda reflejado en los papeles" y hay que elaborar "un mapa" de la realidad de los centros de acogida.

Un día después de que Unicef alertara de que existen 130.000 niños canarios en riesgo de exclusión, Hernández, ha asegurado que en las Islas hay 1.358 menores en desamparo (en centros y  familias de acogida) y que ninguno ha sido declarado en dicha situación por motivos económicos.

De esta manera, la número dos del Ejecutivo ha querido rebajar el temor de muchas familias con apuros económicos que no acuden a los servicios sociales de los ayuntamientos por creer que perderán la custodia de sus hijos, asegurando que en esos caso lo que se decide es atender económicamente a las familias.

Sin embargo, Campos no estuvo de acuerdo con la tesis de Hernández de que "lo ideal" es llevar a los menores a hogares de acogida, pues ha reclamado centros especializados.

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias reciben este jueves, a partir de las 12.00 horas, al padre de Leopoldo López, opositor político venezolano encarcelado a finales de 2014 acusado de instigar un golpe de Estado contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

López continuará su visita por Tenerife en el municipio norteño de Puerto de la Cruz, donde se reunirá con el alcalde, Lope Afonso (PP), a partir de las 18.30 horas, y posteriormente pronunciará una conferencia en el Instituto de Estudios Hispánicos.

Canarias quiere convertirse en un plataforma internacional para jugar en el Atlántico medio el mismo papel que tiene Singapur en Asia y Miami en el Caribe. Para ello, la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, ha asegurado en el Parlamento que "si las condiciones económicas lo permiten", su departamento creará una "dotación presupuestaria" para convertir los dos grandes aeropuertos de las Islas en hub de comunicaciones e impulsar la implantación de la Quinta Libertad.

El problema es, como dijo la propia consejera, que ni hay ninguna propuesta de aerolíneas internacionales para hacer escala y descargar y cargar tanto pasajeros como mercancías, como que no existe suficiente "masa crítica" en las Islas para hacerlas atractivas en la apertura de nuevas rutas.

Y ello a pesar de que un vuelo de Atlanta a Sudáfrica haría 14.000 kilómetros con escala en Canarias, 2.000 kilómetros menos que si la hiciera, como hasta ahora, en Madrid, lo que abarataría los costes actuales y haría más competitivo el transportes.

Sin embargo, como aseguró la diputada de Podemos Asunción Delgado, lo cierto es que "la Quinta Libertad está implantada sin problemas en Europa y en Canarias no existe interés en las propias compañías aéreas internacionales". ¿El motivo? Según Delgado, que "el modelo de gestión de Aena está escorado hacia la centralización en Madrid", lo que daña a los aeropuertos canarios.

Por ello, defendió que la apertura de nuevas rutas no debe hacerse a costa de los derechos laborales de los trabajadores y sí pasando por "la defensa del carácter público de la gestión aeroportuaria".

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en que algo falla para que las compañías aéreas no vean atractiva la Quinta Libertad en Canarias pese a que la accesibilidad es clave para favorecer la internacionalización de la economía de las Islas, sobre todo, como dijo Esther González (NC), si el Archipiélago quiere ser el puente del "gran potencial" de la expansión comercial de Estados Unidos, y ahí Canarias debe jugar un papel de "puente", pero no ha ocultado que las compañías aún no ven atractiva la quinta libertad.

Y es que como aseguró el socialista Gabriel Corujo, que junto a la nacionalista Socorro Beato pidió la comparecencia de la consejera, "la Quinta Libertad no es sólo hablar de conectividad, sino de economía y movilidad".

Nodo comercial y humanitario

"La mayor potencialidad de la Quinta Libertad en Canarias no pasa por el transporte de personas, sino de mercancías. Y tampoco estamos en un debate solo comercial, porque podemos convertirnos en un nodo de ayuda humanitaria a África", afirmó.

Por ello, y teniendo en cuenta la "unanimidad" que sobre la Quinta Libertad se ha instalado en el Parlamento, ha pedido que "usemos el hecho de que tenemos los aeropuertos más rentables para hacer presión y que se nos escuche más" en Aena.

La nacionalista Beato lo resumió perfectamente: "miles de aviones sobrevuelan nuestro espacio aéreo y podrían aterrizar aquí para generar riqueza".

Por ello, pidió al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones del 26 de junio que se implique en la implantación real de la Quinta Libertad en las Islas, una "tarea que está por resolver", a su juicio, porque es posible que el Estado esté "tapando" que quiere beneficiar a otros aeropuertos españoles.

"África es un continente emergente, pero tiene un déficit de conectividad y si las escalas fuesen en Canarias, en vez de en Amsterdam, París o Dubai, se abarataría el coste y mejoraría la competitividad", concluyó.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto y líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo recordó que "en tres de las ocho islas no hay aeropuertos para vuelos internacionales", y consideró que las las autorizaciones "masivas" y generalizadas de quinta libertad puede romper el modelo de desarrollo económico de las islas no capitalinas, por lo que abogó porque su implantación fuese hecha de forma "gradual" y con "cautela".

Los intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles por la tarde en las islas de mayor relieve predominarán mañana en Canarias, en una jornada con temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas altas y viento en general de componente norte flojo con brisas.

En el mar habrá norte o noroeste fuerza 2 a 4, rolando al final del periodo a oeste Brisas en las horas centrales del día. Marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste entre 2 y 3 metros, localmente entre 1 y 2 en el este.

La predicción del tiempo por islas para mañana es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, abriéndose amplios claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo, con brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, abriéndose amplios claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo, con brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

Puerto del Rosario 19 24

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos por la tarde en el norte y este donde hay probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios y en ligero descenso en zonas altas. Viento de componente norte flojo, con brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos por la tarde con probabilidad de lluvias débiles en el interior, principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y en ligero descenso en zonas altas, más acusado en cumbres centrales. Viento de componente norte flojo, con brisas. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte con rachas que podrían superar ocasionalmente los 70 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles, abriéndose amplios claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y en ligero descenso en zonas altas. Viento de componente norte flojo, con brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

San Sebastián de la Gomera 18 23

LA PALMA

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios y en ligero descenso en zonas altas. Viento de componente norte flojo, con brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles, abriéndose amplios claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y en ligero descenso en zonas altas. Viento de componente norte flojo, con brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):

Valverde 13 18

Más de una persona se acercó este miércoles por costumbre a un parquímetro de Las Palmas de Gran Canaria, tras aparcar el coche en la zona azul, para abonar el importe que correspondía al tiempo que su vehículo iba a permanecer estacionado. No se habían percatado de que nadie iba a velar durante la jornada por que se cumpliera la normativa y, aún sabiéndolo, el miedo a ser sancionado hizo que algunos decidieran sacar el correspondiente ticket para ponerlo en el salpicadero.

Decenas de trabajadores de la empresa pública Sagulpa han iniciado una huelga indefinida este miércoles, por lo que se han concentrado durante la mañana frente a las puertas del Ayuntamiento capitalino para denunciar el estancamiento del convenio colectivo, reivindicar que la firma del mismo pase por una serie de mejoras de las condiciones laborales y pedir la dimisión del concejal del área, José Eduardo Ramírez.

La entidad, propiedad al 100% del Consistorio, se encarga de la gestión y explotación de los aparcamientos en zonas con parquímetros y del servicio de grúas para el traslado de vehículos al depósito municipal, además de la supervisión y control de los aparcamientos públicos municipales, entre otros aspectos.

“Ante la actitud de la empresa de primar la cuenta de resultados, sobre la prestación de unos servicios a la ciudadanía, nos hemos visto obligados a iniciar la huelga de forma indefinida, con manifestaciones en la puerta del Ayuntamiento, así como en los plenos”, afirmó el secretario del Comité de Empresa y portavoz de los trabajadores en huelga, Carlos Báez.

Báez lamentó que el convenio colectivo “sigue tan estancando” como en el pasado marzo, fecha en la que anunciaron una serie de paros que al final no se llegaron a llevar a cabo. El motivo de que la negociación continuara entonces, recordó, se centra en que el concejal del Movilidad, José Eduardo Ramírez, se comprometió a suprimir una serie de sanciones y abordar la recuperación de los derechos de los empleados.

Dichas sanciones, explicó, se impusieron por diferentes errores cometidos con el cambio de sistema PDA a móvil. “La empresa viene aplicando una política de miedo a los trabajadores con sanciones, incentivando que haya malestar y que se altere la paz social que había, lo que ha derivado en que nos encontremos en esta situación”, apostilla.

Sin embargo, acentuó que “la sorpresa nuestra ha sido que nos encontramos en el punto de partida, en el que la empresa no daba absolutamente nada de los que habíamos pactado”.

La firma del convenio, la línea roja

Para que vuelvan a sus puestos, afirmó que la Administración municipal deberá de firmar un convenio colectivo que pase por una jornada laboral de 37 horas y media – ya que asegura que parte de la plantilla trabaja 40 – la recuperación de ayudas médicas y escolares y una subida salarial del 1% que “se ha aplicado al resto de compañeros en el Ayuntamiento y a nosotros no”.

Además, reivindicó contar con más participación en los aspectos relacionados con los recursos humanos de la empresa y en el Consejo de Administración y que se estipule una clasificación profesional que evite categorías de “bajo coste”. Éstas suponen contratos de 900 euros por vigilar aparcamientos, u otros de 20 o 30 horas que se renuevan cada tres meses, subrayó.

La existencia de contratos low cost fue ratificada por diversas personas que secundaron la concentración, una de las cuales aseguró trabajar 30 horas y cobrar 700 euros. “Nosotros estamos en la calle con lluvia y sol y damos la cara al ciudadano, que no siempre se muestra conforme con pagar por aparcar”, reivindicó.

Uno de los puntos más conflictivos, apuntó Báez, es el incremento de los días de asuntos propios suprimidos por el anterior gobierno del Partido Popular (PP). Sin embargo, el concejal José Eduardo Ramírez mostró su sorpresa ante la huelga, ya que aseguró que el Ayuntamiento ha cedido en la mayoría de las reivindicaciones de los trabajadores.

Las reivindicaciones “están resueltas”

Ramírez mantuvo una versión totalmente opuesta respecto a la negociación colectiva y afirmó que la subida salarial del 1% está aceptada, así como la recuperación las ayudas médicas y escolares y el horario de verano. Donde único existía conflicto, explicó, era en los días días de asuntos propios, sin embargo, añadió que la Administración tenía la intención de aceptar la propuesta del Comité de Empresa en una próxima reunión.

Sobre la precariedad de determinados empleados, Ramírez indicó que también estaba dada la orden de nombrar un jefe de personal que se encargara de resolver esta cuestión.

“No entendemos los motivos de esta huelga, si los motivos son los que se cuentan, eso está cerrado. Nosotros firmamos el acuerdo mañana mismo si ellos desconvocan la huelga, si hay otros motivos los tienen que explicar”, resaltó. En este punto, aseguró que se remitirá una carta a los trabajadores con el compromiso expreso de la dirección de Sagulpa y del concejal para llegar a un acuerdo.

La versión del concejal poco tiene que ver con la que mantiene el Comité de Huelga, que asegura que en la negociación no se ha hablado de ayudas, ni de días de asuntos propios, ni de la jornada laboral. Báez manifiesta que se ha trasladado al edil en diversas ocasiones que el actual consejero delegado, Octavio Cantero, “no nos sirve de interlocutor y queremos que asista a las reuniones”. Obteniendo como respuesta una negativa.

“O el concejal no se está enterando de nada o... estamos pidiendo su dimisión, porque entendemos que es partidario de la política que se lleva a cabo en Sagulpa, que se está convirtiendo en el coto privado de alguien y no entra nadie”, recalca.

El Ayuntamiento “sondea” un nuevo local

El concejal ha reconocido que la entidad pública busca unas nuevas instalaciones debido a que las suyas “se han quedado pequeñas” y – pese a la posición del portavoz del comité de huelga, quien considera que “en las oficinas del Secadero cabemos todos - señala que el Consistorio no cuenta con otras infraestructuras adaptadas a las necesidades de la entidad. Al respecto, insiste en que “el espacio en el que está ahora mismo Sagulpa no es accesible” y que “estamos hablando de un departamento que queremos que sea el motor de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria”.

En referencia al “sondeo” que lleva a cabo la Administración municipal no llega a los 600.000 euros, “nada que ver con las cantidades que se están anunciando”.

Preguntado por las críticas que parten de trabajadores que alertan de privilegios de varios vehículos en los aparcamientos de Sagulpa, así como la condonación de sanciones por la retirada de vehículos depositados en el potrero de El Sebadal y las sospechas de que en este último lugar se están desguazando coches para venderlos por piezas, Ramírez pide a quien pueda aportar pruebas que le informe.

“Rumorologías en el Ayuntamiento hay de todo tipo y color, si funcionamos vía rumorología cerramos esto”, sentenció.

El Ayuntamiento ha establecido los servicios mínimos durante la huelga en el servicio de grúas, que es el único que lo requiere. El edil desconoce, de momento, las pérdidas que ocasionará el paro de los trabajadores.

La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda ha eliminado recientemente las 14 viviendas de la urbanización de La Bufona construidas de forma ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló hace tres años la inscripción de las viviendas en el Catastro a nombre de los compradores y el Juzgado condenó en enero pasado al promotor y al constructor.

Hasta el mes de abril, todavía seguían apareciendo en el Catastro las 14 casas construidas al norte de la urbanización, en parte sobre suelo rústico de protección, lo que ha desembocado en órdenes de derribo por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que están siendo confirmadas por la Justicia en la vía contencioso administrativa.

También el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, al condenar al promotor Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro por un delito contra la ordenación del territorio, les sentenció a demoler las viviendas construidas de forma ilegal sobre suelo rústico. Esta sentencia está pendiente de que se pronuncie la Audiencia Provincial.

Durante años, las casas de La Bufona permanecieron omitidas de la base de datos del Catastro, sobre la que se efectúan las liquidaciones del impuesto de bienes inmuebles. En 2008 se dieron de alta “en una calle ficticia”, la calle Chubasquillo, cuando la que realmente existe es la Chabusquillo.

La familia Murillo, titular de los terrenos sobre los que se construyeron las viviendas, a la que se le dio de baja sus fincas registrales, recurrió al Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), que le dio la razón en abril de 2010.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia del año 2013, ratificó la resolución del TEAR y ordenó reponer a los Murillo la titularidad de las fincas registrales antes de ser alteradas para inscribir las 14 viviendas de La Bufona. Sin embargo, en tres años no se había ejecutado la sentencia firme.

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La Fiscalía de las Palmas abrió diligencias de investigación penal el pasado mes de marzo sobre las alteraciones catastrales de las casas de La Bufona. El Ministerio Público considera que hay que valorar si se ha producido algún delito no prescrito en relación con el hecho de dar de baja dos fincas catastrales sin conceder audiencia a los titulares de las mismas.

Hay que recordar que catorce de las casas de La Bufona, que hoy tienen una orden de derribo parcial, estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, mientras que los propietarios de los terrenos, la familia Murillo, continuaba pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En 2008, la Dirección provincial del catastro cambió la titularidad a favor de los dueños de esas viviendas sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Murillo, y cambió el nombre de la calle, que pasó de llamarse Chabusquillo a Chubasquillo.

Murillo recurrió y tanto el Ministerio de Economía, primero, y los tribunales después, le dieron la razón. El Ministerio destituyó al Director del catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad "no existe expediente" y que "la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento".

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El fiscal encargado del caso de La Bufona, que investigó la construcción de viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable en Arrecife, tardó más de 500 días en emitir un dictamen porque traspapeló y olvidó la documentación de un recurso. Así consta en un decreto conocido ahora pero firmado en abril de 2015 por Fausto Cartagena Pastor, inspector de la Fiscalía General del Estado, que estimó que Carlos Fernández Seijo cometió una falta disciplinaria grave, aunque archivó las diligencias porque el caso había prescrito, al haber transcurrido un año desde la finalización del retraso.

La denuncia parte de la familia Murillo, acusación particular en la causa y propietaria del suelo donde se levantan las viviendas de la urbanización de La Bufona, entre ellas las de Ástrid Pérez, presidenta del PP en Lanzarote, y el fiscal Miguel Pallarés. En agosto de 2014 los afectados elevaron quejas a la Fiscalía Provincial de Las Palmas y a la Fiscalía General del Estado por la tardanza del Ministerio Público en emitir informes, ante el temor de que prescribieran los delitos que se le imputaban a los promotores, el arquitecto Fernando Echevarría y el constructor Antonio Caro, y el caso se archivara.

En concreto, se referían a los retrasos en la contestación a dos recursos interpuestos contra sendas resoluciones del juez instructor de 1 de septiembre de 2010 y 24 de mayo de 2012. La primera decretaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero, que firmó las licencias de las viviendas construidas en parte sobre suelo rústico, y contra María Isabel Déniz, la alcaldesa que levantó el precinto de las obras decretado por su antecesora, Manuela Armas. La segunda desestimaba la petición de los promotores para archivar la causa antes de la apertura de juicio oral.

Con respecto al primer retraso, de prácticamente 400 días según las estimaciones de los denunciantes, tanto la Fiscalía Provincial de Las Palmas como la Fiscalía General del Estado exculpan a Carlos Fernández Seijo de cualquier responsabilidad al no constar que fuera remitida la notificación formal de la resolución judicial al Ministerio Público.

Las discrepancias surgen con la segunda demora. En su contestación al escrito de Murillo en octubre de 2014, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, reconoce que se trata de un plazo de tiempo excesivo para responder (más de 500 días), pero lo justifica por la complejidad de la causa y por "el volumen de asuntos que deben ser asumidos por la Fiscalía".

García Panasco no aprecíó entonces riesgo de que esta demora pudiera afectar a la declaración de prescripción de los delitos e incidió en la carga de trabajo como motivo fundamental de un retraso en la tramitación que, en su opinión, no podía ser achacado "únicamente" al Ministerio Fiscal. El fiscal jefe de Las Palmas no mencionó en ningún momento la pérdida de la documentación que el propio Fernández Seijo reconoció en el transcurso de las diligencias de inspección incoadas por la Fiscalía General del Estado.

Según el relato de los hechos que consta en el decreto de esta inspección, el juez instructora del caso de La Bufona desestimó el sobreseimiento libre por prescripción que habían solicitado los promotores el 24 de mayo de 2012, dando traslado a las partes y al Ministerio Fiscal y otorgándoles un plazo de cinco días para formular alegaciones, a contar desde la fecha de notificación, el 8 de junio de ese año. En ese momento, "el fiscal encargado de su despacho recibió la carpetilla interna abierta por Fiscalía al abreviado (procedimiento de La Bufona) con la notificación y copia del recurso interpuesto, documentación que traspapeló y olvidó retrasando así la emisión del dictamen, como se reconoce en estas actuaciones", señala el inspector Fausto Cartagena en la resolución, fechada el 21 de abril de 2015.

No fue hasta el 8 de noviembre de 2013, 17 meses después de que finalizara el plazo otorgado por el juez instructor para responder, cuando Fernandez Seijo envió el informe interesando la desestimación del recurso de los promotores, que fue finalmente archivado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas en marzo de 2014.

Para el fiscal jefe inspector, la evidencia del retardo producido en la evacuación de ese dictamen “obedece a culpa personal” del fiscal encargado del procedimiento, tal y como el mismo Fernández Seijo admitió. Por ello concluye que su conducta “podría merecer la consideración de falta disciplinaria grave”, si bien esta responsabilidad prescribió “al haber transcurrido el plazo de un año desde la finalización del retraso (8 de noviembre de 2013)”. Para computar este plazo de prescripción no considera la apertura del expediente gubernativo, en septiembre de 2014, sino su transformación en diligencias de inspección, en abril de 2015.

El pasado mes de enero, más de 16 años después de que se inciara la instrucción, el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife condenó por un delito contra la ordenación del territorio a seis meses de cárcel a los promotores de las viviendas. La juez tuvo en cuenta para rebajar la pena el atenuante de dilaciones indebidas, ya que consideró "injustificados" los cinco años y siete meses de paralización de la causa. El fiscal también había interesado por este motivo una reducción de la condena, de los cuatro años de prisión que solicitó en su escrito de calificación provisional al año y nueve meses que pidió en sus conclusiones finales.

CC ve "sorprendente" que el expresidente Paulino Rivero se haya sumado al manifiesto Canarias no es un solar, en el que entidades sociales, ecologistas, sindicales y políticas rechazan la nueva Ley del Suelo, ya que ese texto critica al Gobierno que él mismo dirigió.

Tanto Rivero (CC) como el también expresidente del Gobierno regional Román Rodríguez (NC) se han sumado este jueves a la plataforma que conforman diversas organizaciones para oponerse a la Ley del Suelo promovida por el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo (CC).

En el citado manifiesto esta plataforma exige que se retire el anteproyecto de Ley del Suelo y se inicie "un proceso amplio de auténtica participación ciudadana que defina el marco legal adecuado para conseguir un modelo territorial más duradero, compartido y sostenible".

Tras conocer el respaldo que Rivero ha dado a esta iniciativa, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha manifestado en un comunicado que este anteproyecto se ha impulsado porque el sistema normativo que regula la ordenación del territorio en Canarias "no funciona".

Barragán ha asegurado que la futura Ley del Suelo "en modo alguno cuestiona los principios irrenunciables sobre la conservación del territorio en las islas", sino que "garantiza y refuerza la preservación de los suelos con valor ambiental al introducir nuevas herramientas para su conservación y, además, protege el suelo rústico y ampara al sector primario".

A su juicio, que Rivero firme este manifiesto resulta "llamativo porque en su tercer párrafo critica directamente al Gobierno anterior y lo culpa, entendemos que también sin argumentos, de comprometer el modelo de protección del territorio en Canarias por haber aprobado la Ley de Medidas Urgentes".

"Es raro firmar un manifiesto que critica la propia gestión de un modo tan despiadado", ha subrayado Barragán.

El también viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo regional ha recalcado que el gabinete que dirige Clavijo "reivindica su capacidad para llevar a cabo aquellos compromisos que figuran en su programa, entre ellos la Ley del Suelo como eje prioritario".

"Con las recetas fallidas del pasado ya sabemos lo que tenemos: más desempleo, sector primario asfixiado, industria sin posibilidades, problemas para diversificar la economía. La obligación de este Gobierno es afrontar estos problemas y hacer todo lo posible por revertir esta situación", ha aseverado el dirigente de CC.

Barragán ha subrayado también que "el propósito de resolver la maraña normativa sobre la ordenación del territorio no es exclusivo de este Gobierno", ya que "el anterior -presidido por Rivero- lo intentó a través de dos reformas legislativas que no produjeron los resultados esperados".

En su opinión, "la diferencia es que este Gobierno lo plantea desde una perspectiva integral, no a través reformas parciales".

Los expresidentes Paulino Rivero (CC) y Román Rodríguez (NC) se han sumado a las organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y políticas que se han constituido en plataforma para oponerse a la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Fernando Clavijo (CC).

Bajo el lema Canarias no es un solar, los integrantes de esta plataforma exigen que se retire el anteproyecto de Ley del Suelo y se inicie "un proceso amplio de auténtica participación ciudadana que defina el marco legal adecuado para conseguir un modelo territorial más duradero, compartido y sostenible".

Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique, institución tradicionalmente ligada a la protección del medio ambiente, ha asegurado que esta propuesta de nueva Ley del Suelo supone "una alteración drástica del modelo territorial en Canarias y recupera ideas caducas con una economía basada en el cemento y en la burbuja inmobiliaria".

La norma concibe el territorio "como una mercancía, no como un bien escaso e impulsa negocios especulativos y efímeros" que darán lugar a una nueva burbuja inmobiliaria, ha asegurado Gómez Aguilera durante una rueda de prensa para presentar la plataforma.

Entre los integrantes de la plataforma están los partidos políticos Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida, Equo y Sí se Puede; los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y Comisiones de Base; organizaciones ecologistas como la Federación Ecologista de Canarias Ben Magec y otras; y federaciones vecinales, además de numerosos profesionales de diversos sectores.

Asimismo, la integran varios diputados del Parlamento de Canarias, diversos consejeros de cabildos insulares y alcaldes y concejales de varios municipios, entre otros.

El director de la Fundación César Manrique ha criticado que el anteproyecto de la Ley del Suelo tiene "una posición política muy ideológica que excluye a amplios sectores de la sociedad" y ha asegurado que tendrá un gran impacto sobre el paisaje y permitirá proyectos de ocio y turísticos en suelo rústico.

Según Gómez Aguilera, la Ley del Suelo conseguirá un efecto inverso al que pretende de lograr de una mayor seguridad jurídica, pues "será fuente de conflictos" y conllevará la paralización de proyectos.

En su opinión, la agilidad administrativa no debe supone menos garantías ni conllevar más desigualdad y discrecionalidad.

El representante de la Federación Ecologista Ben Magec Ecologistas en Acción Eugenio Reyes ha destacado la necesidad de que se pare el proceso de tramitación del anteproyecto de la Ley del Suelo actualmente en marcha, se vuelva al momento inicial, y se abra un debate, con el fin de que todos los ciudadanos puedan participar en él, pues "el territorio es de todos los canarios, no sólo de los empresarios".

La plataforma publicará un manifiesto en contra de la ley el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, y divulgará su oposición a ella coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio.

A juicio de Reyes, el Gobierno de Canarias actúa con celeridad en la tramitación de la ley porque se pretende "un mazazo sobre el modelo, con un golpe rápido y efectivo, para luego aprovechar las plusvalías", pero la sociedad canaria todavía puede expresar su opinión y oposición a una ley que afectará a toda la sociedad.

El secretario insular de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez, considera que "hace falta más tiempo, pues está en juego el futuro", y ha defendido que la Ley del Suelo no generará más empleo, al contrario de lo que asegura el Gobierno.

Pérez ha denunciado que con la nueva norma, la planificación del territorio dejar de ser global y queda a la suerte de cada uno de los municipios.

La presentación de dos listas a las elecciones sindicales de la Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria ha evidenciado el cisma en el seno de Intersindical Canaria (IC). La plancha del sector crítico, que integra a los denunciantes de la presunta trama de corrupción en el seno de la central,  ha quedado excluida del proceso de forma provisional como consecuencia de la reclamación cursada por la cúpula de IC a nivel regional, es decir, por la Confederal.

La Mesa Electoral ha decidido no proclamar la candidatura promovida por la Federación de Salud de IC en Gran Canaria, encabezada por un histórico del sindicato nacionalista, Juan Jesús Mendoza, que participó en su fundación y que en la actualidad es miembro de la Comisión de Garantías de la propia Confederal. Sí ha aceptado, en cambio, la presentada por este órgano regional, que lidera María Dolores Pérez, representante del Secretariado Nacional de Salud en la isla y ex responsable de Finanzas.  Cada una de las planchas cuenta con 93 integrantes.

En el acuerdo adoptado este miércoles, la Mesa Electoral pone de manifiesto que la candidatura de la Confederal de IC está avalada por la Gestora Nacional "y no ha sido cuestionada", además de haber sido "la que se ha presentado en todos los procesos electorales". Según la cúpula regional, la lista presentada por el sector crítico en nombre de la Federación de Salud de Gran Canaria "no está legitimada" para participar en estos comicios.

El sector crítico ha recurrido la exclusión. Sus integrantes han presentado una escritura pública para demostrar que están legitimados a concurrir en virtud de lo acordado en la Asamblea Federal Insular, "el máximo órgano de gobierno entre congresos", celebrada el pasado 20 de mayo. En un escrito firmado por Miguel Ángel Morales, actual secretario de la Junta de Personal, este colectivo recuerda que una sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria les otorgó la representatividad de la Federación Insular en mayo de 2015. Esta órgano "cuenta con autonomía propia" sobre la Confederal, añade.

Los integrantes del sector crítico remarcan que los cuatro primeros miembros de la lista presentada por la cúpula regional han sido denunciados por el presunto desvío de fondos del sindicato a cuentas particulares, un desfalco que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga desde finales de 2014. Se trata de María Dolores Pérez, Rafael Suárez, Begoña Santana y Bernardo Medina. El segundo de ellos fue condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas por agredir a Miguel Ángel Morales y figura en los informes premilinares de la UDEF como receptor de varios ingresos "sin justificación aparente" por valor de 19.000 euros.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto diligencias penales contra Salvador Alba y ha designado oficialmente este jueves a la magistrada Margarita Varona para que instruya la causa. La jueza ya investiga si se cometieron los delitos de prevaricación y el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, después de que este juez fabricara con el empresario Miguel Ángel Ramírez la declaración contra la magistrada Victoria Rosell. 

En esos hechos se basan en la grabación de una reunión celebrada entre este juez y Ramírez antes de que este declarara formalmente. Esta comparecencia del empresario fue incorporada al informe que resultó clave para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la ex diputada de Podemos.

La Fiscalía aprecia indicios de negociaciones prohibidas a funcionarios, a los que la actual responsable del Juzgado de instrucción número 8, Carla Vallejo, añade una posible prevaricación. Esta magistrada ha elevado la exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es la competente para investigar si el juez cometió algún delito en el ejercicio de sus funciones. 

Las penas por prevaricación en la Administración de Justicia abarcan desde la prisión hasta la inhabilitación para empleo o cargo público de seis a veinte años, mientras que el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos está penado con una multa de seis a doce meses y una suspensión del cargo por un tiempo que varía entre los dos a los cinco años.

El presidente del Grupo Podemos en el Parlamento de Canarias, Juan Márquez, ha arremetido este jueves contra la política de "privatización de la Sanidad canaria". Considera que el hecho de que empresarios como Pedro Luis Cobiella, dueño del gigante hospitalario Hospiten, haya aparecido en los papeles de Panamá y se haya conocido que utilizó una offshore para recibir los dividendos de sus hospitales, es una muestra de que en el Archipiélago se está beneficiando a empresarios a costa de la precarización del sistema público. Y es que, el Ejecutivo regional mantiene conciertos sanitarios con estos hospitales. 

Por este motivo, Podemos pedirá explicaciones sobre si es ético que el Gobierno de Canarias trabaje con empresas que mantienen relaciones con paraísos fiscales.

El diputado canario de la formación morada critica además que esta noticia se haya conocido un día después de que su partido llevara al Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley para endurecer las medidas que combatan el fraude fiscal, pero esta fuera rechazada por el Ejecutivo regional. 

Márquez explica que es necesario dotar a la Agencia Tributaria de más recursos para combatir estos fraudes y poder investigar a empresarios como Cobiella. Y es que, según apunta, es fácil perseguir a los autónomos, albañiles, fontaneros... que hacen trabajos sin cobrar factura, pero es "muy difícil" combatir las actuaciones de empresarios que evaden impuestos y tienen cuentas en paraísos fiscales. 

El diputado considera que "es indignante" que dinero público acabe en manos de empresarios que luego los llevan a paraísos fiscales para su beneficio particular. 

"Cuando los más ricos de Canarias no pagan impuestos y sólo lo hacen los más pobres es imposible mantener el Estado del Bienestar", insiste el político de Podemos. Además, sostiene que esta es una prueba más de que en las Islas se mantiene un modelo socioeconómico que privatiza la Sanidad. De hecho, es la tercera comunidad que más dinero destina a conciertos sanitarios. 

Márquez indica que "en Canarias han crecido las políticas privadas gracias a las políticas de Coalición Canaria" y que "La Sanidad es el servicio más caro y más grande de nuestro Archipiélago", puntualiza. Por ello, asegura que al comenzar la legislatura solicitaron una auditoría sobre esta área, porque desde su grupo consideran que las cuentas "no son reales". Por ejemplo, señala que la clínica Parque en Tenerife no tiene convenio con el Ejecutivo y, sin embargo factura.

Este hecho y otros aspectos como que la prestación de servicios sea más cara para el Gobierno en estos centros que en los hospitales públicos hacen a Podemos cuestionar este "sistema de privatización" e insisten en que la aparición de Cobiella en los papeles de Panamá es una prueba más del mantenimiento de este modelo.